Diputados dio media sanción a la baja de la edad de imputabilidad y avanzó en el debate por el acuerdo Mercosur-Unión Europea
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina aprobó este jueves en general el proyecto de Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. La votación se resolvió pasadas las 19 con 149 votos afirmativos y 100 negativos, en una nueva victoria parlamentaria para el oficialismo.
En el debate sobre la normativa de seguridad, el bloque de La Libertad Avanza acordó con sectores dialoguistas modificar la propuesta original —que fijaba la imputabilidad desde los 13 años— y llevarla a los 14.
La diputada cordobesa Laura Rodríguez Machado, miembro informante del proyecto, defendió la iniciativa al señalar que especialistas en neurología y desarrollo cognitivo sostienen que entre los 12 y 14 años un adolescente tiene conocimiento de que está cometiendo un delito. Además, aseguró que el objetivo no es alojar menores en cárceles comunes, sino garantizarles un debido proceso.
Durante su exposición, también remarcó que actualmente muchos menores de 16 años permanecen en establecimientos penitenciarios sin resolución judicial y subrayó que la propuesta incorpora medidas alternativas a la prisión, como el alejamiento de la víctima, el uso de tobillera electrónica y la amonestación. A su vez, indicó que el texto final aclarará que los menores no podrán ser alojados junto a personas adultas y que se incorporará un artículo para que Nación y provincias acuerden el financiamiento del sistema.
Debate por el acuerdo entre bloques regionales
En la misma jornada, la Cámara Baja abordó el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado el 17 de enero en Asunción. El entendimiento prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles a las exportaciones del bloque sudamericano y una reducción de barreras para bienes industriales y tecnológicos europeos.
Sin embargo, pese al avance en el Congreso argentino, la ratificación continúa demorada en el Parlamento Europeo, donde el texto permanece bajo revisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.