PAMI reduce la cápita de médicos de cabecera y crece la preocupación por la atención
Otra señal de alerta se enciende para quienes cuentan con cobertura de PAMI. En el marco de un nuevo esquema de funcionamiento, cada médico de cabecera pasará a percibir una cápita de $2.100 por afiliado atendido, una cifra que generó fuertes cuestionamientos en el sector.
“Los importes son tan indignos que dan gracia”, expresó Horacio Martínez, delegado de PAMI, quien advirtió que esta medida podría afectar de manera estructural todo el sistema de prestaciones. “Esto va a traer problemas, seguramente”, agregó, dejando abierta la posibilidad de que muchos profesionales de la salud opten por dejar de brindar servicios a través de la obra social.
La situación se agrava en distintas regiones del país y ya impacta directamente en más de 5,4 millones de afiliados. Jubilados y pensionados denuncian demoras en la asignación de turnos, cupos limitados para estudios y, en algunos casos, el cobro adicional en consultas médicas.
En localidades bonaerenses como Olavarría, Azul y Bolívar, ya se registran casos en los que los afiliados deben abonar las consultas con médicos de cabecera. En Córdoba, en tanto, pacientes de Marcos Juárez se ven obligados a trasladarse hasta 120 kilómetros hacia Villa María tras el cierre de un sanatorio.
Según se informó, desde fines del año pasado el organismo mantiene retrasos en los pagos a clínicas, sanatorios y hospitales privados. Esta situación derivó en la implementación de cupos para estudios diagnósticos y en turnos con demoras que pueden alcanzar hasta cuatro meses.
Ante este escenario, profesionales de la salud advierten que, hasta tanto se regularicen los pagos, los afiliados serán atendidos como pacientes particulares, lo que implica un costo extra. A su vez, el circuito para acceder a estudios se volvió más complejo, con trámites reiterados cuando los cupos se agotan.
Desde sectores gremiales indicaron que actualmente se priorizan casos preoperatorios y oncológicos, mientras otros pacientes quedan en listas de espera sin plazos definidos.
En paralelo, surgieron denuncias sobre presuntas irregularidades en la gestión. La ex funcionaria Viviana Aguirre señaló la existencia de sobreprecios en distintas áreas, desde insumos médicos hasta servicios, vinculando estas prácticas con el deterioro financiero del organismo.
La deuda con prestadores privados rondaría los $500 millones, lo que llevó a algunas instituciones a exigir copagos. A esto se suma el reclamo por aranceles congelados desde hace tres años, en un contexto de aumento sostenido de costos operativos.
En este contexto, el futuro financiero del organismo dependerá de las decisiones que surjan de las reuniones entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Salud. Mientras tanto, la crisis continúa profundizándose y cada vez más afiliados enfrentan dificultades para acceder a la atención médica en distintas regiones del país.