Fuerte ajuste nacional: recortan casi $2,5 billones y afectan salud y educación

El Gobierno nacional formalizó una modificación del Presupuesto 2026 que implica un recorte cercano a los $2,5 billones, en línea con la meta de superávit fiscal acordada con el FMI. La medida quedó establecida mediante la Decisión Administrativa 20/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Uno de los sectores más impactados es Salud Pública, donde se dispuso una reducción de $63.021 millones. Entre los programas afectados aparece “Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica”, que sufrió una quita de $20.000 millones.

También se redujeron en $25.000 millones las partidas destinadas al “Fortalecimiento de los Sistemas Provinciales de Salud”, lo que repercutirá en la asistencia sanitaria en distintas provincias del país.

Otro de los recortes sensibles alcanza al programa de “Investigación, Prevención, Detección Temprana y Tratamiento del Cáncer”, que perdió $5.000 millones destinados principalmente a ayudas directas para pacientes.

Además, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) sufrió una reducción de $831 millones, mientras que la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos Malbrán” perdió más de $1.162 millones, afectando obras y proyectos de alta complejidad.

La readecuación presupuestaria también incluyó recortes de $500 millones para prevención de enfermedades transmisibles, $800 millones en programas de VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y otros $900 millones en Salud Sexual y Procreación Responsable.

En Educación, el ajuste alcanzó los $78.768 millones. El principal impacto recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, que perdió más de $35.288 millones, afectando principalmente transferencias destinadas a las provincias.

A esto se suma la eliminación del Fondo de Compensación Salarial Docente, por casi $8.930 millones, herramienta que buscaba equilibrar los salarios mínimos docentes entre las distintas jurisdicciones.

La medida también contempla la suspensión de transferencias para obras de infraestructura en universidades nacionales, profundizando el escenario de tensión entre el Ejecutivo y el sistema universitario público a horas de la realización de la 4ta marcha federal universitaria.