Libreros rechazan la eliminación del precio único y advierten por el riesgo de concentración
El sector editorial manifestó su preocupación por el Anteproyecto de Ley de Desregulación de la Economía elaborado por el Gobierno nacional, que propone derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera y modificar otras normas vinculadas con el fomento del libro y la lectura.
La iniciativa, impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, forma parte de la segunda etapa del denominado plan “Hojarasca”. Entre sus disposiciones, el artículo 15 plantea eliminar la normativa que desde 2001 garantiza un precio uniforme de venta al público para cada libro nuevo en todo el país.
La Cámara Argentina del Libro rechazó la propuesta y advirtió que la desregulación podría perjudicar especialmente a las librerías independientes. La entidad considera que la legislación vigente impide que grandes cadenas, supermercados o plataformas comerciales apliquen descuentos que los pequeños comercios no pueden igualar.
El presidente de la CAL, Juan Manuel Pampín, sostuvo que el precio único es una herramienta fundamental para mantener la diversidad editorial y el acceso federal a la lectura. Además, señaló que la norma cuenta con el respaldo de autores, editoriales, distribuidoras y librerías de diferentes dimensiones.
Según la entidad, en Argentina funcionan alrededor de 1.200 librerías independientes y el país posee la mayor cantidad de estos establecimientos por habitante de América Latina. Desde el sector advierten que, sin la regulación, el mercado podría concentrarse progresivamente en unos pocos actores.
Preocupación en Río Cuarto
Mateo Grassini, socio gerente de la emblemática librería Lema Libros, también expresó su rechazo a la iniciativa y remarcó la importancia de preservar la “bibliodiversidad”, entendida como la disponibilidad de títulos variados para públicos y lectores diferentes.
“El libro no es una mercancía común, sino una mercancía intelectual, cultural y de expresión”, afirmó Grassini durante una entrevista con Micrófono Abierto.
El librero explicó que la derogación de la ley podría generar inicialmente una competencia basada en descuentos, pero advirtió que los grandes operadores cuentan con mayor capacidad financiera para sostener políticas agresivas de precios y desplazar a los comercios más pequeños.
Una vez reducido el número de competidores, sostuvo, las empresas que concentren el mercado podrían volver a incrementar los valores. Además, las editoriales tenderían a priorizar las publicaciones de mayor rotación comercial.
“Sólo quedarían los best sellers y a los escritores independientes se les complicaría muchísimo. La reducción de la bibliografía implica la desaparición de voces, títulos y libros que podrían encontrar a su lector”, señaló.
Grassini mencionó como antecedentes los casos del Reino Unido y Chile, donde la desregulación habría favorecido la concentración comercial y la desaparición de numerosas librerías. En contraste, destacó los modelos de Francia y España, que mantienen sistemas de precio uniforme similares al argentino.
Otros cambios cuestionados
El anteproyecto también propone modificaciones en la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura. Entre ellas se encuentra la eliminación del Fondo Nacional de Fomento, destinado a financiar programas de promoción de la lectura.
Asimismo, se plantea derogar la disposición que permite al Estado adquirir parte de la primera edición de obras de autores argentinos para fortalecer el patrimonio bibliográfico nacional, además de los programas de capacitación destinados a autores, libreros y traductores.
La Cámara Argentina del Libro también cuestionó la posible derogación de la Ley 23.316, que establece el doblaje local para contenidos emitidos por la televisión nacional. Para la entidad, la medida podría afectar la identidad lingüística y la extensa tradición argentina en materia de traducción y producción editorial.
Ante este escenario, la CAL comenzó a mantener reuniones con legisladores de distintos bloques para impedir la derogación de las normas. La institución sostiene que se trata de herramientas necesarias para proteger las librerías, la producción editorial, la diversidad de obras y el patrimonio cultural argentino.
En el ámbito local, Grassini señaló además que las ventas de libros registraron una caída generalizada como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo. Indicó que las mujeres representan aproximadamente el 70% del público comprador y destacó que uno de los principales desafíos continúa siendo fomentar la lectura entre niños y adolescentes.