Universidades públicas realizarán un paro de 48 horas por financiamiento y salarios
Los gremios docentes y nodocentes de las universidades públicas realizarán este jueves 27 y viernes 28 de agosto un paro de 48 horas en todo el país, en reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una mejora en los salarios del sector.
La medida de fuerza se llevará adelante sin concurrencia a los lugares de trabajo y estará acompañada por distintas actividades de visibilización, movilizaciones y clases públicas en las universidades.
El conflicto se mantiene luego de que el Congreso de la Nación ratificara la Ley de Financiamiento Universitario, tras el veto dispuesto por el Poder Ejecutivo. A principios de agosto, además, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la vigencia de la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a cumplir con la normativa.
Sin embargo, desde las universidades y los gremios sostienen que la implementación de la ley continúa pendiente y que las transferencias presupuestarias todavía no se concretaron. Según plantean, esta situación afecta los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, los salarios del personal y las becas destinadas a estudiantes.
El principal eje de la disputa continúa siendo la situación salarial. Los gremios cuestionan que los aumentos otorgados durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación y que fueron establecidos de manera unilateral, sin una negociación paritaria.
De acuerdo con los cálculos difundidos por las casas de estudio, los trabajadores universitarios acumulan desde diciembre de 2023 una importante pérdida del poder adquisitivo.
Durante las dos jornadas de protesta, las comunidades universitarias realizarán diferentes acciones para visibilizar el reclamo y exigir al Gobierno nacional el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario.
Desde el sector gremial remarcaron que el reclamo incluye presupuesto para el funcionamiento de las universidades, salarios dignos para docentes y trabajadores nodocentes y el sostenimiento de una educación pública, gratuita y de calidad.