Financiamiento universitario: fijan una multa diaria por incumplir una orden judicial
La Justicia Federal impuso una multa de $100.000 diarios al jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, por el incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución fue dictada este miércoles por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick, luego de que vencieran los plazos otorgados al Gobierno para cumplir con la orden judicial.
La sanción busca que el Poder Ejecutivo avance con la actualización de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas, además de garantizar los fondos destinados a las becas estudiantiles.
El magistrado estableció inicialmente una multa de $100.000 por cada día de incumplimiento y advirtió que tanto el monto como los funcionarios alcanzados podrían modificarse si la situación persiste.
La decisión respondió a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclamó la aplicación de sanciones al considerar que el Estado nacional no había cumplido con lo dispuesto por la Justicia.
Cormick había intimado al Gobierno a cumplir con la medida en un plazo de cinco días, que venció el 22 de septiembre. Posteriormente, el plazo fue prorrogado por otro período similar. Ante la falta de acreditación de los pagos reclamados, el juez resolvió hacer efectivo el apercibimiento anunciado previamente.
La cautelar continúa vigente, aunque el Gobierno apeló el fallo que declaró inconstitucional una disposición del Decreto 759/2025, mediante la cual se había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Ese expediente fue elevado a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para su revisión.
La medida cautelar, por su parte, había sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026.
Qué establece la Ley de Financiamiento Universitario
La normativa dispone una recomposición de los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas para compensar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025. Según los cálculos citados en el expediente, esto representa un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025.
Además, establece actualizaciones salariales mensuales de acuerdo con la evolución de la inflación y contempla la recomposición y actualización de los fondos destinados a las becas estudiantiles.
La postura del Gobierno
En su defensa, el Estado nacional sostuvo que la medida judicial implica una obligación económica cuyo alcance no estaría determinado con precisión y cuestionó que se le exijan pagos sin establecer los montos concretos.
También argumentó que durante los últimos años se otorgaron aumentos en las partidas salariales universitarias y señaló que convocó a negociaciones paritarias. Entre las propuestas mencionadas, indicó incrementos del 3% para septiembre de 2026, complementarios de otro 3% acordado en junio.
El Gobierno pidió que la apelación tuviera efecto suspensivo, pero el juez rechazó ese planteo. En consecuencia, la cautelar que ordena avanzar con la actualización salarial y los fondos para becas continúa vigente.
La resolución se conoció horas antes de la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para este jueves en reclamo del cumplimiento de la ley y en medio de la disputa entre el Gobierno nacional y las universidades públicas por el financiamiento del sistema.