Promulgan el nuevo Régimen Penal Juvenil en Argentina

El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 mediante el Decreto 138/2026, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil en la Argentina. La normativa reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y crea un sistema de sanciones graduadas que contempla tanto la edad del menor como el contexto en el que se cometió el delito.

El Gobierno del presidente Javier Milei promulgó este lunes la Ley 27.801, conocida como el nuevo Régimen Penal Juvenil, a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial. La norma establece el marco legal para el tratamiento penal de adolescentes que cometan delitos en el país.

Entre los cambios centrales se destaca la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De esta manera, adolescentes de entre 14 y 17 años podrán ser juzgados penalmente cuando sean acusados de cometer un delito tipificado en el Código Penal o en leyes especiales.

El nuevo régimen contempla un sistema de penas graduadas que tiene en cuenta la edad del menor, la gravedad del hecho y las circunstancias en las que ocurrió. Además, establece que las sanciones deben orientarse a la educación, la resocialización y la reinserción social del adolescente.

Durante el período de sesiones extraordinarias del Congreso, el Senado aprobó la iniciativa con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, luego de que ya hubiera obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Con este resultado, el oficialismo de La Libertad Avanza consiguió un nuevo respaldo legislativo para una de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

El proyecto original promovido por el Gobierno proponía fijar la edad de imputabilidad en 13 años. Sin embargo, tras negociaciones parlamentarias con bloques aliados, se acordó establecer el límite en 14 años para lograr consenso político y garantizar su aprobación en el Congreso.

Con esta modificación, el Ejecutivo obtuvo el acompañamiento de sectores como el PRO y la Unión Cívica Radical, que consideraron que ese límite se acerca a los estándares vigentes en varios países de la región.

En América Latina, países como Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú, Venezuela y República Dominicana fijan la edad de imputabilidad en los 14 años, mientras que otros como Brasil, Ecuador, Costa Rica, El Salvador y Panamá la establecen a partir de los 12, generalmente bajo sistemas que priorizan medidas socioeducativas orientadas a la reinserción de los jóvenes.

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