El Gobierno nacional busca derogar la Ley de Etiquetado Frontal
El Gobierno nacional envió este sábado al Congreso de la Nación un proyecto de ley para derogar la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida popularmente como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa ingresó por el Senado y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Salud Mario Lugones.
En los fundamentos del proyecto, el Ejecutivo sostiene que la normativa vigente, basada en parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presenta “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican su eliminación total.
La propuesta establece la derogación completa de la ley, incluyendo la eliminación de los octógonos negros de advertencia en los envases y las restricciones vinculadas a publicidad, entornos escolares y utilización de personajes infantiles en productos alimenticios.
Desde la Casa Rosada cuestionaron el sistema actual por considerarlo “binario”, ya que sólo distingue entre productos con o sin advertencias. Según el texto oficial, esto genera situaciones en las que alimentos tradicionales o con determinado valor nutricional reciben advertencias similares a las de productos ultraprocesados, lo que podría provocar “interpretaciones simplificadas o poco precisas” en los consumidores.
Otro de los argumentos planteados apunta a la falta de incentivos para la industria alimenticia. El Gobierno sostiene que el esquema vigente no contempla mejoras graduales en la composición nutricional de los productos, ya que cualquier excedente mantiene la advertencia sin reconocer cambios parciales.
El proyecto también advierte sobre las asimetrías existentes dentro del Mercosur en materia de rotulado frontal. Según el Ejecutivo, esto obliga a muchas empresas a producir envases diferenciados para distintos mercados, situación que impacta especialmente en las pequeñas y medianas empresas por los mayores costos de cumplimiento.
Además, el texto cuestiona la “rigidez normativa” de la ley actual, señalando que numerosos aspectos técnicos quedaron incorporados directamente en la norma, dificultando futuras actualizaciones de acuerdo con nuevos consensos científicos o modificaciones en las Guías Alimentarias para la Población Argentina.
Pese a la propuesta de derogación, el Gobierno aclaró que continuarán vigentes las obligaciones de información nutricional de los alimentos envasados bajo el Código Alimentario Argentino y las normas armonizadas del Mercosur. Esto incluye la declaración obligatoria de calorías, azúcares, grasas y sodio, además de las disposiciones de defensa del consumidor y lealtad comercial.
Finalmente, el Ejecutivo solicitó al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” del proyecto para avanzar hacia un sistema que considere “más consistente, uniforme y adaptable”.
Fuente NA