El ministro Juan Pablo Quinteros encabezó una capacitación para agentes de la fuerza provincial. En total, 7.500 agentes ya realizaron la instrucción. "La implementación en Córdoba es un caso de éxito a nivel Latinoamérica”, expresó Guillermo Iglesias, director de la firma proveedora.
Provinciales16 de enero de 2024
Redacción El Día de Higueras
La Policía de la Provincia de Córdoba ya cuenta con 5.000 armas de letalidad reducida, una nueva herramienta que la fuerza incorpora como parte del plan de modernización e incorporación de nuevas tecnologías que dispuso el Ejecutivo provincial, según se indica en la información difundida este lunes por el Ministerio de Seguridad.
En este marco, el titular de la cartera, Juan Pablo Quinteros, junto al jefe de la Policía, comisario General Leonardo Gutiérrez, participaron de una nueva jornada de exposición y capacitación sobre armas no letales.
En la ocasión, instructores brindaron herramientas teóricas y prácticas sobre el funcionamiento y manejo de armamento de letalidad reducida. La capacitación la dicta de manera periódica personal de la Dirección de Entrenamiento Policial dependiente de la Dirección General de Recursos Humanos.
El evento se realizó en la Escuela de Oficiales de Policía Libertador Gral. Don José de San Martín y contó con la participación de Manuel Pizarro, presidente de Bersa S.A. y Guillermo Iglesias, director Byrna para Latinoamérica; junto a miembros del Estado Mayor de la fuerza.
Quinteros: "Córdoba está a la vanguardia"
El ministro destacó que, con la masiva incorporación de estas herramientas “Córdoba se encuentra a la vanguardia no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica”, y anticipó que el objetivo es completar las capacitaciones en el transcurso de 2024. “Ya tenemos más de cinco mil armas no letales y antes de mitad de año vamos a tener el cien por ciento de la Fuerza capacitada", agregó el funcionario.
El armamento Byrna incorporado
Durante la exhibición, tanto personal de la Dirección de Entrenamiento Policial, como instructores de la empresa proveedora, Byrna, expusieron las distintas herramientas teóricas y prácticas para la utilización de los dos modelos de armas no letales que ya está utilizando la fuerza policial.
Se trata de un arma de puño, con propulsión a Co2 y capacidad para cinco proyectiles, y de un modelo de carabina simil M4, con propulsión a aire comprimido con capacidad para 19 municiones en su versión convencional y con capacidad para 200 en su versión con tolva.
Sobre la implementación de estos dispositivos en la provincia de Córdoba, Guillermo Iglesias afirmó que “el caso de Córdoba es un éxito a nivel Latinoamérica”, y agregó: “Toda la geografía está mirando lo que se ha hecho aquí. De hecho, normalmente ya solemos escuchar desde el punto de vista de la consulta, queremos hacer lo mismo que hizo Córdoba”.
Entre los proyectiles disponibles para este tipo de armamento, existen dos versiones: una versión maciza, de plástico, que no se desarman al impactar con un objetivo y pueden ser reutilizados, y una versión conocida como “pepper”, que al impactar con un objetivo se desarman, liberando un gas pimienta que afecta principalmente las mucosas.
Ambos modelos están identificados por un color anaranjado, estándar a nivel internacional, que indica que se trata de armamento de letalidad reducida.
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El gobernador participó del 17.º Coloquio Industrial en Córdoba y confirmó un beneficio impositivo para pequeñas empresas radicadas en la provincia. Cuestionó al Gobierno nacional por la falta de un plan industrial y remarcó que el “modelo del Estado que todo lo puede” ya fracasó.
El gobernador Martín Llaryora lanzó la licitación para reactivar los espacios destinados a la primera infancia en distintas localidades del interior. Se trata de proyectos que habían sido iniciados por la Nación y quedaron paralizados. Los CDI estarán destinados a niñas y niños de 45 días a 3 años en situación de vulnerabilidad, con espacios de salud, educación, contención y actividades recreativas.
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El beneficio alcanza a quienes perciben haberes de hasta $1.300.000 y se suma al fuerte aumento aplicado en julio, que elevó el haber mínimo a $700.000. El pago, financiado con recursos recuperados por la Provincia tras un reclamo judicial a la Nación, busca reforzar el ingreso de los sectores jubilatorios con menores ingresos y sostendrá su continuidad mientras persistan las transferencias nacionales.
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