Redacción El Día de Higueras
La causa por la megaestafa inmobiliaria que afecta a miles de familias en Córdoba suma un nuevo capítulo. La Justicia provincial investiga ahora a una mujer de 31 años como pieza clave en el circuito financiero que habría permitido a la empresa Márquez y Asociados sacar millones de pesos del país. Según fuentes judiciales, esta persona sería la encargada de manejar las cuentas personales y corporativas de los hermanos Ariel y Juan Pablo Márquez, responsables de la firma señalada como principal ejecutora de la estafa.
El fiscal Enrique Gavier, a cargo de la causa, ya logró establecer que la empresa firmó alrededor de 30 mil contratos prometiendo la construcción de casas completamente terminadas, pero solo entregó 2.500 viviendas. La mecánica era simple: clientes de distintos puntos de Córdoba y el país entregaban adelantos y cuotas mensuales, estimadas en torno a los 9 millones de pesos, pero las obras nunca se iniciaban. Hoy, más de cuatro mil denuncias ya fueron presentadas.
Mientras los principales acusados —los hermanos Márquez y parte de su entorno familiar— permanecen detenidos, las miradas se dirigen ahora a esta joven mujer, presunta encargada de “blanquear” el dinero y girarlo al exterior. El seguimiento de operaciones bancarias y el manejo de tarjetas de crédito corporativas apuntan a que gran parte del dinero fue enviado a destinos como Miami y algunas islas del Caribe.
En paralelo, se confirmó que los hermanos Márquez son propietarios del hotel The Marlin Beachside, en la zona de Hollywood Beach (Florida), junto a una tercera persona identificada por las iniciales M.S. Documentación oficial del Estado de Florida los vincula como titulares de al menos una LLC (empresa de responsabilidad limitada), modalidad frecuente en maniobras para resguardar patrimonios fuera del país.
Los abogados querellantes también solicitaron que se investigue a una de las hijas de Ariel Márquez, una joven de 24 años casada con un ciudadano estadounidense. La acusan de operar, junto a su esposo, un entramado de empresas en Miami donde serían socios de los principales acusados. El dinero aportado por las víctimas sería, según sospechas, el capital inicial de esas compañías.
La investigación avanza mientras cientos de familias esperan respuestas y temen que el dinero entregado, ahorros de toda una vida, ya no pueda recuperarse. El fiscal Gavier, por su parte, ordenó profundizar el análisis patrimonial en el país y en el extranjero.
Con información de Infobae
