Redacción El Día de Higueras
El Gobierno de Javier Milei vetó por completo la Ley Nº 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial Docente, aprobada por el Congreso el 21 de agosto pasado. La decisión quedó formalizada este miércoles 10 de septiembre a través del Decreto 647/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La norma establecía un esquema de financiamiento permanente para las universidades públicas y la actualización automática de los gastos de funcionamiento según la inflación, además de la recomposición salarial para docentes y no docentes. Entre sus puntos centrales, planteaba la creación de partidas presupuestarias específicas, mejoras en infraestructura y equipamiento, impulso a la investigación y extensión, más becas estudiantiles y la ampliación de la oferta académica.
Desde el Poder Ejecutivo justificaron el veto al señalar que la ley “aborda los recursos de manera genérica, sin precisar sumas concretas”, y que aplicar la actualización salarial implicaría un incremento del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de este año, lo que el Gobierno considera “incompatible con la meta de control del gasto público”.
El rechazo presidencial se da en un contexto de tensión creciente con el sistema universitario, que viene reclamando mayores fondos para sostener el funcionamiento y la calidad de la educación superior. Distintas federaciones docentes y organizaciones estudiantiles confirmaron que impulsarán una nueva marcha federal contra la medida, mientras que referentes de la oposición en el Congreso advirtieron que se abre un nuevo escenario de confrontación política.
Además, el veto a esta ley se suma a otros que el oficialismo tiene en carpeta, como los vinculados a la emergencia del Hospital Garrahan y a la distribución de fondos coparticipables a las provincias, lo que anticipa una etapa de mayor conflictividad institucional y social.
