Redacción El Día de Higueras
En las últimas horas, un fallo de la Justicia de Estados Unidos volvió a poner en el centro de la escena una de las decisiones económicas más importantes de las últimas décadas en Argentina: la estatización de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012.
La resolución judicial no solo evitó que el país pague una suma cercana a los 16.000 millones de dólares, sino que además validó que aquella decisión fue legal. Pero para entender por qué este fallo es considerado histórico, hay que ir paso a paso.
En 2012, el Estado argentino decidió recuperar el control de YPF, que hasta ese momento estaba en manos mayoritarias de la empresa española Repsol.
La medida fue impulsada por el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y aprobada por el Congreso mediante una ley.
El argumento central fue que la empresa no estaba invirtiendo lo suficiente en producción de energía, lo que obligaba al país a importar combustibles. En ese contexto, recuperar YPF era visto como una decisión estratégica para lograr soberanía energética.
Con el tiempo, ese punto se volvió clave: el desarrollo de Vaca Muerta —uno de los mayores reservorios de gas y petróleo no convencional del mundo— se apoyó en esa decisión.
Años después de la estatización, un grupo de inversores extranjeros inició una demanda contra el país.
El principal actor fue Burford Capital, un fondo que compró los derechos a litigar de accionistas que afirmaban haber sido perjudicados.
El reclamo sostenía que, al tomar el control de la empresa, Argentina debía haber hecho una oferta para comprar las acciones del resto de los accionistas, algo que —según los demandantes— no ocurrió.
En 2023, la jueza Loretta Preska falló en primera instancia contra el país y lo condenó a pagar unos 16.000 millones de dólares.
La Cámara de Apelaciones de Nueva York revisó ese fallo y lo anuló completamente.
Los jueces determinaron dos puntos clave:
En otras palabras, el tribunal entendió que una decisión soberana del Estado —como una expropiación votada por ley— no puede juzgarse como si fuera un contrato entre privados.
Uno de los aspectos más relevantes —y menos conocidos— es que la defensa argentina mantuvo la misma postura durante todos los gobiernos:
A lo largo de más de 10 años de juicio, el país sostuvo siempre los mismos argumentos jurídicos: que la expropiación fue legal y que el caso debía resolverse según el derecho argentino.
Este punto es central para entender el fallo: la Justicia estadounidense terminó avalando esa misma postura.
Quienes defendieron la recuperación de YPF sostienen que sin esa decisión no hubiera sido posible desarrollar plenamente Vaca Muerta.
Hoy, ese yacimiento es una de las principales fuentes de dólares del país y permitió mejorar la balanza energética, reduciendo importaciones e incluso generando exportaciones.
Desde esta mirada, la decisión tomada en 2012 no solo fue legal —como confirmó el fallo— sino también clave para el presente económico.
El fallo también reavivó el debate político.
El presidente Javier Milei celebró el resultado, aunque volvió a cuestionar la estatización. Desde otros sectores, remarcan una contradicción: el Gobierno festeja una decisión judicial que valida una política que históricamente criticó.
Al mismo tiempo, desde la oposición señalan que el resultado demuestra que la expropiación no solo fue correcta en términos legales, sino también en términos estratégicos.
