Redacción El Día de Higueras
Luego de que la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) anunciara un paro de 72 horas, el Gobierno provincial salió a fijar su postura: reconoció la legitimidad del reclamo docente, pero consideró “excesiva” la medida de fuerza y confirmó que solicitará la conciliación obligatoria para evitar la interrupción del ciclo lectivo.
Desde la administración que encabeza el gobernador Martín Llaryora, remarcaron que se mantiene abierta la instancia de diálogo y que se trabaja en una nueva propuesta salarial. No obstante, advirtieron sobre el impacto de la falta de clases. “Cada día sin actividad no es neutro, genera múltiples conflictividades”, señalaron fuentes oficiales.
Ante este escenario, el Ejecutivo provincial recurrirá a la Secretaría de Trabajo para solicitar la conciliación obligatoria, una herramienta que permitiría suspender la medida de fuerza mientras continúan las negociaciones. Según indicaron, esto garantizaría la continuidad de las clases, brindaría tiempo para mejorar la oferta, evitaría descuentos salariales a los docentes y ordenaría el proceso de diálogo.
En paralelo, durante el fin de semana largo, el mandatario provincial mantuvo reuniones con el secretario General de la Gobernación, David Consalvi, y el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, con el objetivo de avanzar en una “cuarta oferta” salarial.
A diferencia de las propuestas anteriores —basadas en aumentos atados a la inflación mediante cláusula gatillo—, el nuevo esquema en análisis incluiría incrementos escalonados por categorías. El foco estaría puesto en los docentes con 22 horas frente a alumnos, uno de los sectores con mayor nivel de disconformidad. Además, se evalúan aumentos porcentuales y remunerativos, dejando de lado el refuerzo del Fondo de Incentivo Docente (Fonid).
El contexto también está atravesado por la tensión gremial y la convocatoria a una movilización prevista para el miércoles en la ciudad de Córdoba. En el Gobierno existe preocupación por la posibilidad de que el conflicto escale en las calles, en medio de diferencias internas dentro del gremio.
Al respecto, Consalvi sostuvo: “No vemos esto como una batalla sino una negociación. El pedido de conciliación es para encauzar el diálogo y garantizar el normal funcionamiento del servicio educativo”. Además, consideró “desproporcionadas” las medidas de fuerza, al tiempo que reconoció la validez del reclamo salarial.
Finalmente, el funcionario advirtió sobre el contexto económico: “Cada punto de aumento representa un esfuerzo significativo para la Provincia, en un escenario complejo a nivel nacional”.
De avanzar la conciliación obligatoria y ser acatada por el gremio, el paro quedaría en suspenso y se retomaría la negociación en un nuevo marco, con la expectativa de acercar posiciones entre las partes.
Fuente CBA24
