Redacción El Día de Higueras
En el marco de la emergencia que atraviesa el sector de discapacidad, el gobernador Martín Llaryora anunció un refuerzo económico de 450 millones de pesos destinado a instituciones que brindan servicios a personas con discapacidad en Córdoba.
Se implementará a través del Fondo de Emergencia para la Discapacidad, que originalmente estaba destinado a financiar nuevos proyectos, pero que ahora será utilizado para sostener el funcionamiento de entidades que enfrentan serias dificultades financieras.
El anuncio se produjo luego de una reunión encabezada por el mandatario provincial junto a la secretaria de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, en el Centro Cívico. Durante más de dos horas, representantes de instituciones de Capital y del interior expusieron la compleja situación que atraviesan, marcada por la falta de pagos de programas nacionales.
Entre las entidades afectadas se encuentran organizaciones como el Cottolengo Don Orione, la Fundación IRAM y la Asociación Apadim, muchas de las cuales asisten a más de 100 personas y han dejado de percibir aportes de PAMI o del programa Incluir Salud.
“Este fondo originalmente fue creado para mejorar la inclusión, pero he tomado la decisión de aplicarlo exclusivamente para sostener a las instituciones en este momento de crisis”, explicó Llaryora, quien además remarcó la necesidad urgente de que se cumpla la Ley de Emergencia de la Discapacidad.
El gobernador advirtió que la situación responde al incumplimiento de compromisos por parte del Estado nacional y señaló que, sin la regularización de los fondos, el esfuerzo provincial no será suficiente para garantizar la continuidad de los servicios.
En la misma línea, la secretaria Liliana Montero alertó sobre el impacto del desfinanciamiento: “Estamos ante un verdadero descuartizamiento de la salud pública. Estas instituciones dependen en gran medida de organismos nacionales que deben hacerse cargo de los pagos”.
Además del refuerzo económico, la Provincia prevé reactivar un complemento alimentario para aquellas entidades que brindan atención de doble jornada, una medida que ya había sido implementada el año pasado.
Las instituciones, que vienen trabajando junto al Gobierno provincial en programas de inclusión, capacitación y autonomía, también forman parte del Fondo Provincial de Inclusión Social, cuya inversión fue incrementada este año a 4.500 millones de pesos.
Desde el sector señalaron que, pese a la sanción de la Ley de Emergencia por parte del Congreso, la situación continúa agravándose debido a la demora en los envíos nacionales, lo que pone en riesgo la continuidad de prestaciones esenciales para cientos de personas en toda la provincia.
