Redacción El Día de Higueras
El Gobierno de la Córdoba puso en marcha un nuevo protocolo que obligará a quienes realicen falsas amenazas en escuelas —como supuestos tiroteos— a afrontar los costos de los operativos de seguridad desplegados ante cada alerta.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Seguridad de Córdoba, establece que los gastos derivados de intervenciones policiales, brigadas especiales, bomberos y áreas de investigación serán reclamados a los padres o adultos responsables en caso de que los autores sean menores de edad identificados por la Justicia.
A partir de su implementación, toda intimidación pública o falsa alarma que implique la movilización de recursos del Estado no solo tendrá consecuencias penales, sino también un recupero económico de los costos operativos.
El procedimiento prevé que, una vez identificados los responsables, se realice una evaluación detallada de los recursos humanos y materiales utilizados en cada intervención. Con esa información, el Estado avanzará con la intimación de pago y, de ser necesario, iniciará acciones judiciales para garantizar el cobro.
Desde la Provincia remarcaron que estos hechos no son menores, ya que alteran el normal desarrollo de las actividades escolares, generan preocupación en estudiantes, docentes y familias, y obligan a una respuesta inmediata por parte de los organismos de seguridad.
Además, destacaron que cada operativo implica la movilización de efectivos, móviles, sistemas de emergencia y tareas investigativas que podrían destinarse a la prevención del delito en otros puntos del territorio.
El protocolo se aplicará de manera coordinada con el Ministerio Público Fiscal, la Policía provincial y las áreas administrativas correspondientes. Con esta decisión, el Gobierno ratifica una política de tolerancia cero frente a este tipo de conductas y busca reforzar la seguridad en los entornos educativos.
