Redacción El Día de Higueras
El gobernador Martín Llaryora presentó el proyecto de Ley Antibúnker y Antiaguantadero, una iniciativa que será debatida este miércoles en la Legislatura de Córdoba y que propone nuevas herramientas para intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas, especialmente vinculadas al narcotráfico.
El acto se desarrolló en la sala Sonia Torres del Centro Cívico del Bicentenario y contó con la participación del ministro de Justicia y Trabajo, Julián López; el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros; y el legislador Facundo Torres.
Durante la presentación, Llaryora sostuvo que el proyecto representa "una herramienta central" para profundizar la lucha contra el narcotráfico y remarcó que Córdoba es "una de las provincias de Latinoamérica más hostiles con el narcotráfico". Además, expresó su expectativa de que la iniciativa obtenga un amplio respaldo legislativo.
La propuesta crea un régimen administrativo y judicial específico para intervenir de manera rápida en inmuebles identificados como búnkeres de venta de drogas, aguantaderos o guaridas del delito, así como en edificios abandonados o deteriorados que favorezcan la comisión de ilícitos.
Entre las medidas previstas se incluyen inspecciones, informes técnicos y resoluciones que permitirán aplicar acciones preventivas como clausuras provisorias, tapiados, bloqueos de accesos, cerramientos y custodia de los inmuebles, respetando las competencias judiciales y el debido proceso.
"La tranquilidad en un barrio llega no solo cuando detenemos al delincuente, sino también cuando derrumbamos ese lugar para que desaparezca de una vez por todas el hecho material que permite delinquir", afirmó el mandatario, quien aseguró que el objetivo es "llevar tranquilidad a los vecinos y poner bajo las rejas a los delincuentes".
Por su parte, el ministro Julián López explicó que la iniciativa surgió a partir del trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad y fiscales, quienes detectaron la utilización de inmuebles abandonados o deteriorados como infraestructura para organizaciones criminales, tanto ligadas al narcotráfico como a otros delitos.
El proyecto también prevé que, en las investigaciones vinculadas al narcotráfico u otros delitos complejos, la Justicia pueda ordenar desalojos, demoliciones o la restitución de los inmuebles a sus legítimos propietarios.
Otro de los puntos destacados es la creación de la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y del Registro Provincial de Bienes Intervenidos, con el objetivo de fortalecer el trabajo coordinado entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y los gobiernos locales.
Además, la iniciativa establece que el 60% de los recursos provenientes de bienes decomisados en causas de narcotráfico será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la FPA, mientras que el 40% restante financiará programas de prevención y tratamiento de adicciones.
Finalmente, el proyecto invita a municipios y comunas a adherir al nuevo régimen mediante convenios de cooperación con la Provincia para facilitar la recuperación de inmuebles utilizados por organizaciones criminales y reforzar las políticas de seguridad en todo el territorio cordobés.
