Redacción El Día de Higueras
El Gobierno nacional recibió una nueva intimación judicial en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.
El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, estableció un plazo de cinco días para que se cumpla con la actualización de los fondos destinados a las universidades públicas, en particular los salarios y las becas.
La resolución se produjo luego de que el magistrado considerara insuficiente la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar vigente.
La disposición contempla un incremento salarial del 33% para el personal docente y no docente de las casas de altos estudios, además de una actualización de los montos destinados a las becas estudiantiles.
Cormick advirtió que, si el Estado continúa sin acatar lo dispuesto, se establecerán multas económicas diarias.
Semanas atrás, el juez había rechazado el pedido del Gobierno nacional para levantar la medida cautelar. En aquella oportunidad, consideró que el acuerdo firmado en junio no resultaba suficiente para demostrar que el conflicto entre las partes estuviera resuelto.
Además, había intimado al Estado a presentar, en un plazo de tres días desde la notificación, información precisa y documentada sobre el grado de cumplimiento alcanzado.
Tras analizar la documentación remitida, el magistrado concluyó que los datos aportados no permitían acreditar que se hubiera cumplido con las obligaciones establecidas en la cautelar.
Desde el ámbito universitario, el rector de la Universidad Nacional de Rosario y presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Franco Bartolacci, calificó la resolución como “una excelente noticia”.
El titular del CIN señaló que la medida había sido solicitada por el organismo en el marco de la causa por el incumplimiento de la cautelar que permanece vigente.
“Esperamos que el Gobierno nacional haga lo que debe hacer y cumpla con lo dispuesto por el juez en los plazos estipulados”, expresó Bartolacci, quien también ratificó que continuarán reclamando hasta que la ley se cumpla integralmente.
La resolución judicial vuelve a poner en el centro del debate el financiamiento de las universidades públicas y el cumplimiento de las disposiciones vinculadas con los salarios, las becas y los recursos destinados al sistema universitario.
