Redacción El Día de Higueras
La Justicia Federal declaró inconstitucional el decreto del Gobierno nacional que había condicionado la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Poder Ejecutivo cumplir de manera inmediata con la normativa aprobada por el Congreso.
La resolución fue dictada por el juez Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, a partir de un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y otras instituciones universitarias.
El fallo dejó sin efecto el Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno había condicionado la ejecución de la ley a que se determinaran las fuentes específicas de financiamiento y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.
De esta manera, Cormick ordenó al Ejecutivo dictar las normas reglamentarias y las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento inmediato de la Ley de Financiamiento Universitario, que contempla partidas para el funcionamiento de las universidades y la recomposición de los salarios de docentes y no docentes.
En su resolución, el magistrado consideró que el decreto cuestionado no superaba un “test mínimo de razonabilidad”, debido a que permitía suspender la aplicación de una ley que había sido ratificada por el Congreso luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial.
Cormick sostuvo además que el mecanismo utilizado por el Ejecutivo funcionó como una instancia de veto no prevista por la Constitución Nacional y lo calificó como un “mecanismo extraconstitucional”.
El juez también señaló que el control judicial sobre decisiones que tienen impacto presupuestario forma parte de las atribuciones propias de la Justicia y cuestionó el argumento referido al costo fiscal de la normativa.
Según una estimación de la Oficina de Presupuesto del Congreso citada en el fallo, el impacto de la ley durante 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.
La resolución corresponde a una primera instancia y el Gobierno ya anticipó que apelará el fallo. Desde el Ejecutivo sostienen que buscan preservar el equilibrio fiscal y cuestionan el impacto presupuestario de la ley.
