Siete detenidos por asociación ilícita en la fuerza policial: quiénes son, roles y acusaciones

En una jornada tensa para el Gobierno y para la fuerza de seguridad provincial, la Justicia cordobesa ordenó la detención de siete personas por presunta asociación ilícita, en el marco de una investigación que revela el funcionamiento sistemático de una red delictiva al interior de la Policía de Córdoba. Entre los implicados se encuentran comisarios, abogados –algunos con doble función policial– y civiles que habrían utilizado información reservada para favorecerse económicamente.

El operativo fue impulsado por el fiscal Guillermo González, quien detalló que la organización se valía del acceso a bases de datos oficiales para realizar maniobras extrajudiciales de cobro de deudas, asumir defensas penales y establecer honorarios utilizando antecedentes obtenidos de forma ilegítima.

Los detenidos y sus cargos:

• Comisario general Ab. Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán: jefe de la Policía Caminera. Está acusado de coacción, extorsión, asociación ilícita como jefe, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito (cuatro hechos) y encubrimiento por omisión de denuncia (tres hechos).
• Gabriel Élido Burkhard: civil señalado como organizador de la asociación ilícita. También se le imputan coacción, extorsión y enriquecimiento ilícito en cuatro oportunidades.
• Comisario inspector Ab. Leonardo Javier Torres: jefe de la Dirección de Asesoría Letrada de la Policía. Imputado por asociación ilícita como miembro.
• Comisario inspector Ab. Martín Darío Heredia: perteneciente a la Policía Caminera. Se lo acusa de asociación ilícita como miembro, enriquecimiento ilícito (un hecho) y encubrimiento por omisión de denuncia (dos hechos).
• Ab. Gastón Miguel Ochoa Roldán: hermano del jefe de la Caminera y también policía. Imputado por asociación ilícita en calidad de miembro.
• Comisario inspector Jorge Gutiérrez: trabaja en la Dirección de Custodias y Protección (área de Protección de Testigos). Se le imputa asociación ilícita y peculado de servicios.

Este entramado delictivo, que habría operado con una estructura jerarquizada y organizada, golpea de lleno la imagen de la Policía de Córdoba, al tiempo que refuerza la preocupación pública por el uso indebido de datos sensibles y el cruce entre funciones estatales y negocios privados.

La investigación sigue su curso, mientras las repercusiones políticas y judiciales comienzan a escalar.

Con información LNM