Los resultados del relevamiento fueron presentados en un acto en la sede del Polo Científico-Tecnológico, encabezado por la rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marisa Rovera; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Guillermo Mana; y el defensor del pueblo de Río Cuarto, Daniel Frangie.
La investigación, titulada “Predisposición al juego problemático en adolescentes: evidencia desde la economía experimental y conductual”, se desarrolló con 297 estudiantes de los dos últimos años del nivel medio en siete establecimientos educativos de la capital alterna. El dato más significativo indica que el 19 por ciento de los jóvenes evaluados presenta indicadores de riesgo o juego problemático en relación con apuestas online.
El trabajo fue dirigido por el docente e investigador Juan Munt, junto con la doctoranda Analía Rodríguez y la tesista Julia Mazzone, en el ámbito del Laboratorio de Economía Aplicada de la casa de altos estudios. Se trata de una de las primeras experiencias sistemáticas en Argentina y América Latina que adapta protocolos experimentales europeos para analizar conductas económicas en adolescentes bajo incentivos y condiciones controladas.
Brecha marcada por género
Uno de los datos más relevantes es la diferencia por género: el 37,2 por ciento de los varones se ubica en categoría de riesgo, frente al 5,3 por ciento de las mujeres. En términos relativos, la incidencia observada en varones es aproximadamente siete veces mayor.
“Este resultado no implica estigmatización, pero sí muestra que la predisposición no está distribuida de manera homogénea”, explicó Munt, quien señaló que factores de socialización y dinámicas grupales podrían influir en esta diferencia.
El entorno digital, en el centro del análisis
El estudio evaluó patrones de decisión vinculados con la preferencia por recompensas inmediatas, la disposición a asumir riesgos y la consideración de consecuencias futuras. Sin embargo, los resultados no evidencian diferencias estructurales fuertes en impulsividad general entre adolescentes con y sin riesgo.
“Esto desplaza el foco desde una supuesta ‘generación más impulsiva’ hacia el diseño del entorno digital: alta exposición a estímulos permanentes y facilidad de acceso a plataformas de apuesta”, sostuvo el investigador. En otras palabras, el fenómeno estaría más asociado al contexto que a una predisposición individual extrema.
Influencia del nivel educativo materno
También se observaron diferencias vinculadas al nivel educativo materno: la menor incidencia se registra cuando la madre posee educación superior completa. No obstante, los investigadores remarcaron que se trata de un fenómeno transversal y complejo, que no responde a una única causa ni a un único grupo social.
Heterogeneidad institucional
Si bien el promedio general es de 19 casos cada 100 estudiantes, algunas instituciones se ubican cerca de 9 cada 100, mientras que otras superan los 35. Esta dispersión indica que el contexto institucional y social influye en la incidencia observada, aunque por razones metodológicas y éticas se mantiene la reserva de los establecimientos participantes.
Los investigadores subrayaron que el estudio no permite afirmar que asistir a un determinado tipo de institución determine la presencia de riesgo, ni que la problemática esté generalizada o fuera de control. “La mayoría de los estudiantes no presenta indicadores problemáticos”, aclararon.
El informe sostiene que el fenómeno, aunque significativo, aún no presenta rasgos estructurales consolidados, lo que abre una ventana preventiva clara. En ese sentido, propone trabajar en cuatro ejes: diseño de límites por defecto en plataformas digitales, regulación de estímulos dirigidos a adolescentes, fortalecimiento de la alfabetización económica y digital, e implementación de intervenciones específicas con evaluación posterior.
Durante la presentación, la rectora Marisa Rovera destacó como “esperanzadora” la articulación entre la universidad pública y las instituciones del territorio frente a una problemática que ya preocupa a escuelas y familias.
La próxima etapa del proyecto prevé la elaboración de mapas de concentración territorial del riesgo, con el objetivo de orientar políticas públicas focalizadas y basadas en evidencia.
