Redacción El Día de Higueras
El Gobierno nacional envió al Congreso de la Nación Argentina un proyecto de ley que propone cambios profundos en la normativa vigente sobre discapacidad, en un contexto marcado por cuestionamientos por la falta de aplicación de la Ley de Emergencia en el área.
La iniciativa, titulada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, ingresó por el Senado de la Nación Argentina y plantea una serie de modificaciones que incluyen nuevas restricciones para acceder a beneficios, mayores controles y la redefinición de criterios para otorgar asistencia estatal.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la derogación de artículos clave de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793. Según se detalla, esto implicaría dejar atrás el enfoque de universalidad de la asistencia y volver a un esquema más restrictivo, previo a la sanción de la emergencia.
Entre las medidas más relevantes, se establece un reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Los beneficiarios deberán acreditar nuevamente su condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales. En caso de no cumplir con este requisito, se prevé la suspensión automática del beneficio.
Además, el proyecto impulsa un sistema de fiscalización más riguroso, con cruces de datos entre organismos como ANSES y otras dependencias estatales. Ante cualquier inconsistencia detectada, se habilita la suspensión preventiva de la pensión, aunque se contempla el derecho a defensa del titular.
En cuanto al monto de las pensiones, la propuesta fija el haber en el 70% de la jubilación mínima, eliminando la posibilidad de otorgar adicionales por invalidez laboral o por zona desfavorable.
Otro aspecto que genera preocupación es el impacto en el ámbito laboral. El proyecto establece la incompatibilidad absoluta entre la percepción de la pensión y el empleo formal, lo que impediría a las personas con discapacidad mantener un trabajo registrado sin perder el beneficio. También elimina incentivos para empresas que contraten a personas con discapacidad, debilitando políticas de inclusión laboral.
En relación al sistema de prestaciones, la iniciativa introduce cambios en el financiamiento y la organización. Se habilitan convenios entre Nación, provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la administración de fondos, lo que en la práctica implicaría la eliminación del nomenclador y la desregulación de aranceles entre obras sociales y prepagas.
Otro punto en debate es la actualización de los valores. El proyecto vincula las pensiones a la evolución del haber mínimo jubilatorio, mientras que las prestaciones se ajustarían de manera trimestral o por índice de precios en caso de demoras, incorporando además una compensación de emergencia para prestadores.
El envío del proyecto al Senado responde a una estrategia del oficialismo, que considera más favorable el escenario en esa cámara para su tratamiento. Sin embargo, se anticipa un debate intenso, incluso entre sectores que anteriormente acompañaron la declaración de la emergencia en discapacidad.
Hay preocupación en distintos sectores, que advierten sobre un posible retroceso en derechos adquiridos y un endurecimiento de las condiciones de acceso a la asistencia estatal en un contexto social complejo.
