Redacción El Día de Higueras
La Cámara de Diputados de la Nación aprobó con amplia mayoría el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones. La iniciativa fue girada al Senado para continuar su tratamiento legislativo.
El texto surgió de negociaciones entre La Libertad Avanza, sectores dialoguistas y bloques de la oposición, que permitieron incorporar modificaciones al proyecto original. El objetivo es establecer un marco normativo permanente para el sistema de discapacidad, en reemplazo del esquema de emergencia cuya vigencia vence a fin de año.
Entre los puntos centrales, la propuesta mantiene la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por invalidez y el acceso a un empleo formal o al monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles. También contempla la continuidad de la cobertura básica de salud a través del programa Incluir Salud para los titulares de estas pensiones.
Además, el proyecto ratifica el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización periódica de sus aranceles de acuerdo con el índice de movilidad jubilatoria. En materia presupuestaria, dispone que la asignación destinada al área de Salud no sea inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior.
La iniciativa incorpora un sistema de auditorías periódicas con cruce de información entre organismos nacionales, entre ellos ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER. Estos procedimientos deberán respetar el debido proceso y las garantías correspondientes para las personas alcanzadas.
También se incluyó una cláusula transitoria que exige establecer un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a prestadores, con un plazo máximo de 30 días para la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo Nacional.
Durante el debate, las negociaciones estuvieron atravesadas por las demandas de organizaciones y colectivos vinculados a la discapacidad, que reclamaron garantías para la continuidad de las prestaciones, el financiamiento del sistema y la protección de los derechos adquiridos.
La votación también expuso diferencias entre los representantes de Córdoba. Según la información difundida sobre el debate, los diputados de La Libertad Avanza acompañaron el proyecto, mientras que los seis legisladores cordobeses vinculados al espacio Provincias Unidas rechazaron la iniciativa. También votaron en contra Natalia de la Sota y Gabriela Estévez.
Con la media sanción, el proyecto deberá ser analizado por el Senado, donde continuará el trámite legislativo antes de convertirse, eventualmente, en ley.
