Redacción El Día de Higueras
La directora nacional de Abordaje Integral de Salud Mental y Consumos Problemáticos, Liliana González, presentó ante las comisiones de Salud y Legislación General del Senado un proyecto de modificación de la Ley N° 26.657, con el objetivo de optimizar su aplicación y dar respuestas más eficaces a las necesidades de los pacientes.
Durante su exposición, la funcionaria explicó que la propuesta surge de un proceso de escucha que incluyó a pacientes, familias, organizaciones civiles, profesionales de la salud y referentes de las 24 jurisdicciones. “Luego de haber escuchado a todos los actores, pudimos concluir que la ley, tal como está planteada, no funciona adecuadamente y que es necesario modificar ciertos artículos que se han convertido en obstáculos”, sostuvo.
Uno de los cambios centrales planteados es la modificación de los criterios para las internaciones involuntarias. En este sentido, se propone reemplazar el concepto de “riesgo cierto e inminente” por un criterio situacional que contemple antecedentes y la evolución previsible del paciente. Según González, esto permitirá avanzar en intervenciones preventivas y garantizar tratamientos oportunos.
Otro de los puntos destacados es la sustitución del término “padecimiento mental” por “trastorno mental”, con el objetivo de precisar diagnósticos y evitar interpretaciones erróneas. En los casos en que no se afecte el bienestar general, se utilizará el término “afecciones”, en línea con criterios médicos habituales.
La iniciativa también redefine el rol del médico psiquiatra dentro de los equipos interdisciplinarios, especialmente en la determinación de internaciones involuntarias. En situaciones de urgencia, se contempla que un médico clínico pueda intervenir, con la obligación de que la medida sea revalidada en un plazo de 24 horas por un equipo especializado.
Además, el proyecto incorpora la evaluación interdisciplinaria previa al alta de pacientes internados voluntariamente, establece la responsabilidad de los familiares en el acompañamiento tras la externación y prevé un control judicial durante seis meses para fortalecer la adherencia a los tratamientos.
En cuanto a la organización del sistema, se propone ampliar la red de atención, asignando a los hospitales generales la atención de casos leves y reservando las instituciones especializadas para cuadros más complejos, con el fin de optimizar recursos y garantizar abordajes adecuados.
Con estas modificaciones, desde el Ministerio de Salud buscan fortalecer la articulación del sistema y asegurar intervenciones más eficaces frente a las problemáticas de salud mental en todo el territorio nacional.
