Redacción El Día de Higueras
La nueva normativa, impulsada por el Gobierno provincial, establece un régimen para identificar e intervenir inmuebles utilizados para actividades delictivas o que representen un riesgo para la seguridad pública. Además, crea organismos de control y destina los bienes recuperados a fortalecer la lucha contra el narcotráfico y programas de prevención.
El gobernador Martín Llaryora promulgó la Ley Provincial Nº 11.128, conocida como Ley Antibúnker y Antiaguantaderos, que ya fue publicada en el Boletín Oficial y establece un nuevo marco legal para intervenir inmuebles y otros bienes utilizados como soporte de actividades delictivas o que, debido a su abandono y deterioro, constituyan un riesgo para la seguridad y la convivencia ciudadana.
La norma declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y habilita la identificación, intervención, resguardo y recuperación de inmuebles que funcionen como búnkeres, aguantaderos o guaridas del delito. También contempla aquellos casos en los que el estado de abandono de una propiedad represente un peligro para la comunidad, aunque aclara que la falta de uso, por sí sola, no será motivo suficiente para la intervención estatal.
Entre las medidas previstas se incluyen el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia preventiva, con el objetivo de impedir que estos espacios continúen siendo utilizados para actividades ilícitas. Las intervenciones tendrán carácter preventivo, temporal y proporcional, con un plazo inicial de hasta seis meses, prorrogable cuando persistan las condiciones que las justifican.
La ley también establece que determinados casos deberán resolverse por la vía judicial, como aquellos en los que exista ocupación efectiva del inmueble, conflictos sobre la posesión o cuando las medidas necesarias excedan el alcance preventivo del régimen administrativo.
En el marco de la lucha contra el narcotráfico, la normativa modifica la Ley Provincial Nº 10.067 para facultar al fiscal especializado a solicitar al juez medidas destinadas a hacer cesar el funcionamiento de un búnker. Entre ellas se encuentran la clausura del inmueble, su aseguramiento, la exclusión de personas vinculadas a la actividad ilícita y, de manera excepcional, la demolición total o parcial de las estructuras utilizadas para el narcomenudeo, siempre mediante resolución judicial fundada y respetando las garantías del debido proceso.
Asimismo, la ley crea la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que coordinarán acciones entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y los gobiernos locales para planificar, ejecutar y monitorear las intervenciones.
Otro de los puntos destacados de la norma es el destino que tendrán los bienes y recursos recuperados en causas de narcotráfico. El 60% del producido de su venta será destinado al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, mientras que el 40% restante financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas vinculadas a la lucha contra el narcotráfico.
Además, la legislación prevé que los vehículos y otros bienes decomisados puedan ser asignados por la Justicia a la FPA y al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para su utilización en tareas operativas.
