Desde enero, el 45% de los usuarios perderá los subsidios a la energía
Desde el 1° de enero de 2026, el 45% de los usuarios cordobeses perderá de forma total los subsidios a la energía eléctrica y al gas natural, como consecuencia del nuevo esquema de segmentación que implementará el Gobierno nacional.
La medida forma parte de la decisión adoptada por la gestión de Javier Milei de avanzar en la eliminación progresiva de los subsidios energéticos, con el objetivo de reducir el gasto fiscal y trasladar a los usuarios una mayor proporción del costo real de los servicios.
Según se informó, las boletas de luz y gas comenzarán a llegar con aumentos desde enero, impactando de manera directa en los presupuestos familiares. En particular, los usuarios categorizados como de ingresos medios serán los más perjudicados por el nuevo esquema.
A diferencia del sistema vigente, que contemplaba tres niveles de segmentación, a partir del próximo año entrarán en vigencia los denominados Sistemas Energéticos Focalizados, con un esquema binario que distinguirá únicamente entre “Hogares con Subsidio” y “Hogares sin Subsidio”.
En este nuevo cuadro tarifario, los usuarios de Nivel 1 (altos ingresos) pasarán a pagar entre el 90% y el 100% del valor pleno del servicio. En tanto, los hogares de Nivel 3 (ingresos medios) perderán completamente el subsidio, lo que se traducirá en incrementos estimados de entre $12.000 y $19.000 mensuales.
Por su parte, los usuarios de Nivel 2 (bajos ingresos) mantendrán los beneficios, aunque estos se irán reduciendo de manera gradual. El nuevo sistema establece que la asistencia estatal estará focalizada en hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales.
Además, el esquema prevé una reducción de los subsidios por consumo y la eliminación de programas como la Tarifa Social y el Programa Hogar, con el argumento oficial de avanzar hacia un sistema más transparente y sustentable.
La medida genera preocupación en amplios sectores de la provincia, especialmente en un contexto de ajuste económico, donde el aumento de los servicios públicos se suma a otras subas que afectan el costo de vida.