El Gobierno enviará a extraordinarias la Ley Penal Juvenil y propone bajar la edad de imputabilidad a 13 años
El Gobierno nacional decidió incluir en el temario de las sesiones extraordinarias del Congreso el proyecto de Ley Penal Juvenil, con el objetivo de reducir la edad de imputabilidad de los 16 a los 13 años. La definición se tomó durante una reunión de la mesa política del Ejecutivo realizada en Casa Rosada a fines de enero, en la antesala de un intenso calendario legislativo.
La iniciativa se sumará al tratamiento de la reforma laboral, considerada prioritaria por el oficialismo, y podría comenzar a debatirse a partir de la próxima semana, en sesiones que se extenderán hasta el 27 de febrero. Actualmente, la legislación argentina establece que los menores son penalmente imputables recién a partir de los 16 años.
Según trascendió, el Gobierno buscará retomar el texto original del proyecto, que fija la imputabilidad desde los 13 años, luego de que en instancias anteriores el consenso legislativo hubiese elevado ese límite a los 14. En Casa Rosada admiten que ese punto será clave en la negociación con la oposición.
Del encuentro participaron, entre otros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y la senadora Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la iniciativa.
En los últimos días, desde el oficialismo reforzaron el discurso a favor de la baja de la edad de imputabilidad tras una serie de hechos delictivos graves protagonizados por menores, que volvieron a instalar el debate en la agenda pública. Bullrich fue una de las voces más activas al señalar que el sistema actual “deja sin consecuencias delitos graves cometidos por adolescentes”.
Desde el Gobierno aseguran que existe voluntad de diálogo con otros espacios políticos para unificar los distintos proyectos presentados y alcanzar los consensos necesarios, aunque reconocen que los tiempos legislativos son ajustados y que el debate podría extenderse incluso al período ordinario que comienza en marzo.
Más allá de la discusión en el Congreso, la posible reforma vuelve a generar impacto en la sociedad donde el tema de la seguridad y el abordaje de la violencia juvenil suele aparecer en el debate social. Mientras algunos sectores reclaman herramientas más duras para prevenir delitos, otros advierten sobre la necesidad de fortalecer políticas de inclusión, educación y contención social.
Las sesiones extraordinarias también incluirán otros temas relevantes, como la reforma de la Ley de Glaciares, pliegos diplomáticos y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, en un verano legislativo que se anticipa intenso.