Córdoba oficializó el cobro de gastos por amenazas y hechos de riesgo en escuelas

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno de Córdoba puso en vigencia el protocolo que permitirá reclamar a los responsables los costos de operativos desplegados por amenazas, hechos de violencia y situaciones de riesgo en establecimientos educativos.

El Gobierno de Córdoba formalizó este lunes la implementación del sistema para recuperar los gastos generados por amenazas, hechos de violencia y conductas de riesgo en escuelas, tras la publicación en el Boletín Oficial del protocolo que regula el procedimiento.

La medida, que había sido anticipada días atrás por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros, quedó oficialmente vigente con la aprobación del Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos, una herramienta que establece el mecanismo administrativo para reclamar los costos ocasionados al Estado por este tipo de situaciones.

La normativa busca promover el uso responsable de los recursos públicos frente a episodios que demandan operativos policiales, despliegues de emergencia y logística especial.

Según se informó, el procedimiento se activa con la intervención del Ministerio Público Fiscal, encargado de identificar a los autores del hecho y a los adultos responsables. A partir de allí, se determinan los costos operativos de cada intervención, se confecciona un expediente con los registros del operativo, se cuantifican los gastos incurridos por el Estado y se intima al pago en un plazo perentorio de cinco días.

En caso de incumplimiento, se dará participación a Fiscalía de Estado para avanzar con las acciones judiciales correspondientes para el recupero de esos fondos.

El protocolo contempla reclamar los costos de todos los recursos afectados en cada operativo, incluyendo personal policial, servicios de emergencia, brigadas especiales y medios logísticos, cuya movilización genera un impacto directo sobre el presupuesto provincial.

Desde la Provincia señalaron que la medida apunta también a desalentar falsas amenazas y situaciones de riesgo en ámbitos escolares, estableciendo que quienes las provoquen deberán hacerse cargo de los costos que generan al Estado.

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