La medida se fundamenta en que en este período se observa “una marcada disminución de trámites y gestiones en distintas áreas del Gobierno Provincial, esto es, menores niveles de actividad y requerimiento de servicios por parte de los ciudadanos y de los Poderes Legislativo y Judicial de la Provincia de Córdoba”.

De este modo, un ordenado manejo de los recursos humanos, materiales y energéticos, con miras a la racionalización del gasto público hacen conveniente disponer de este receso administrativo. En consecuencia, se otorga durante este tiempo la correspondiente licencia anual ordinaria a los agentes de la Administración Pública Provincial centralizada, “con excepción del personal que resulte necesario afectar a guardias mínimas para el cumplimiento de las tareas consideradas indispensables, en cuyo caso deberán ser autorizados por los titulares de las áreas respectivas”.

Quedan exceptuadas del receso las áreas que se detallan a continuación: Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana; centros y/o áreas de asistencia dependientes del Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Ministerio de la Mujer; áreas de gestión de riesgo climático, catástrofes y protección civil; entre otras.