Redacción El Día de Higueras
Argentina atraviesa una crisis sanitaria de magnitud histórica: 97 personas han fallecido tras recibir fentanilo contaminado producido por el laboratorio HLB Pharma, distribuido en hospitales y clínicas de varias provincias. La Justicia investiga la cadena de responsabilidades y las demoras en la respuesta oficial, mientras el caso destapa una feroz interna en el gobierno nacional.
Documentos internos revelados en las últimas horas muestran que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) detectó “deficiencias críticas y mayores” en la planta de Laboratorios Ramallo S.A. entre noviembre y diciembre de 2024, pero la suspensión de la producción recién se dispuso el 10 de febrero de 2025. Para entonces, los lotes cuestionados ya habían sido elaborados el 18 de diciembre y puestos a la venta a fines de ese mes.
La reacción tampoco fue inmediata frente a las muertes. En Rosario, epicentro de la tragedia, la Dirección de Farmacia municipal detectó las partidas tóxicas en febrero, pero la ANMAT recién emitió la alerta pública el 8 de mayo. En ese lapso, 2.700 dosis del lote contaminado se utilizaron en el Hospital Clemente Álvarez, donde se constataron ocho muertes. La ciudad acumula 26 fallecimientos y la provincia de Santa Fe concentra más de la mitad de las víctimas.
En medio de la conmoción, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apuntó directamente contra la ANMAT y abrió un frente político con el ministro de Salud, Mario Lugones, de quien depende el organismo. “La Anmat falló, porque el señor que tiene el laboratorio es un amigo del poder y logró que el poder le permitiera hacer esto”, declaró en el programa Deja Vu del periodista Lucas Morando. Y agregó: “El Anmat me desprotegió, al decirme que me protegía sin protegerme y al decirme que el fentanilo lo revisaba”.
Las declaraciones contradicen la estrategia inicial del oficialismo, que intentó vincular al kirchnerismo con el grupo HLB Pharma y frenar las críticas internas. Incluso se filtró que la oposición había impedido crear una comisión investigadora en Diputados, aunque desde el peronismo aseguran que apoyan la medida.
Sturzenegger ya había tenido roces con Lugones por su intención de desregular la importación de medicamentos desde la India y permitir que las provincias compren sin autorización de la ANMAT, una jugada que el ministro de Salud bloqueó. Ahora, el caso del fentanilo suma tensión y expone negociados en el área de Salud que, según el propio Sturzenegger, benefician a laboratorios con poder de lobby.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud anunció la creación de una comisión investigadora, pero aún no hay resultados. La Justicia federal en La Plata busca determinar no sólo la responsabilidad empresarial, sino también la omisión o negligencia de los organismos de control.
La tragedia, que podría sumar más víctimas en los próximos días, deja en evidencia un debilitamiento alarmante de los mecanismos de fiscalización sanitaria y un escenario político que, lejos de cerrar filas ante la emergencia, se fractura en una guerra interna por las culpas.
