Redacción El Día de Higueras
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y todo el gabinete, sostiene que la norma carecía de financiamiento genuino y que su implementación hubiera desfinanciado otros programas sanitarios. Para dimensionar el impacto, el Ejecutivo lo comparó con un tercio del calendario de vacunación o tres veces el presupuesto destinado a la cobertura de VIH y otras enfermedades.
En sus fundamentos, el Gobierno calificó la medida como “un aumento desmedido e irresponsable del gasto público” que comprometía la estabilidad presupuestaria de Nación y provincias. El rechazo despertó malestar en trabajadores del Garrahan, que ya se habían anticipado a un posible veto, y encendió señales de alarma en los gobernadores.
La tensión política se intensifica en un contexto en el que la Casa Rosada dilata la definición sobre la Ley de Redistribución Automática de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una norma clave para las provincias. La posibilidad de un nuevo veto, que se conocería este viernes, mantiene en vilo a los mandatarios nucleados en Provincias Unidas, quienes reclaman señales de negociación.
Tras la derrota electoral en Buenos Aires, el Gobierno busca reorganizar su estrategia. Guillermo Francos fue designado para encabezar una mesa de diálogo con los gobernadores, mientras Lisandro Catalán asumió como ministro del Interior. Sin embargo, la firmeza del Presidente en sostener su programa económico genera tensiones internas y externas.
“Equilibrio fiscal, mercado monetario ajustado y bandas cambiarias pactadas con el FMI. No nos moveremos ni un milímetro del programa económico”, reiteró Milei en sus redes sociales, dejando en claro que el ajuste sigue siendo la prioridad de su administración.
