Redacción El Día de Higueras
La crisis en el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) sumó un nuevo capítulo judicial: la diputada nacional Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa y actual senador Luis Petri, a quien acusa de presuntos delitos de administración fraudulenta, malversación de fondos públicos, incumplimiento de deberes de funcionario y abandono de persona.
La presentación se sustenta en auditorías internas y en una serie de informes periodísticos que dan cuenta de un fuerte deterioro financiero de IOSFA durante la gestión de Petri. Según esos datos, la deuda de la obra social habría crecido de manera exponencial en poco más de un año y medio, pasando de 44 mil millones a 210 mil millones de pesos, sin contemplar un préstamo adicional que incrementaría aún más ese pasivo.
En el escrito judicial, Arrieta advierte que el agravamiento de la situación económica derivó en consecuencias directas sobre los afiliados. Entre los principales problemas señalados aparecen cortes en prestaciones médicas, interrupción de tratamientos, suspensión de servicios por parte de prestadores y demoras en reintegros.
Uno de los puntos más sensibles tiene que ver con la falta de provisión de medicamentos esenciales, incluidos tratamientos oncológicos e insulina, lo que afecta a pacientes con enfermedades graves o crónicas en todo el país.
La legisladora remarcó que “diversos informes públicos, testimonios sindicales y denuncias periodísticas” evidencian que la obra social pasó de contar con reservas a atravesar una crisis estructural en un corto período.
Parte central de la denuncia se basa en una auditoría interna que expone la evolución de la deuda y el impacto de un préstamo otorgado por el Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Según ese documento, si bien hubo una desaceleración momentánea del crecimiento del pasivo tras el ingreso de fondos, luego volvió a registrarse un fuerte incremento, lo que reflejaría un déficit estructural no resuelto.
Además, la presentación judicial solicita investigar el endeudamiento contraído con el IAF, que —incluyendo intereses— representaría más del 30% de la deuda actual de IOSFA.
Por último, Arrieta señaló que durante el proceso de recolección de datos para la denuncia habrían existido dificultades para acceder a documentación clave, lo que —según afirmó— genera dudas sobre la transparencia en el manejo de la información dentro del organismo.
La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar si existieron irregularidades en la administración de la obra social y eventuales responsabilidades penales por parte de los funcionarios involucrados.
