Redacción El Día de Higueras
El Gobierno nacional anunció que en los próximos días enviará al Congreso de la Nación un proyecto para una nueva Ley de Salud Mental, con el objetivo de modernizar el marco normativo vigente y adaptarlo a las necesidades actuales del sistema sanitario.
El anuncio fue realizado este martes por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de sus redes sociales, donde confirmó el avance de la iniciativa que impulsa el Ministerio de Salud.
Según trascendió, el proyecto apunta a mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y emergencia, además de brindar mayor protección tanto a los pacientes como a terceros en contextos que hoy no encuentran un adecuado encuadre legal.
Entre los principales ejes de la reforma, se destaca la necesidad de superar limitaciones en el abordaje de casos críticos, mediante la clarificación de conceptos y criterios, y su adaptación a las realidades de cada jurisdicción del país.
El proceso de elaboración incluyó un relevamiento con aportes de familiares, pacientes, profesionales de la salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo. De ese diagnóstico surgieron dificultades concretas, como la falta de aplicación uniforme de la ley actual: solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente, lo que genera desigualdades en el acceso a la atención.
En cuanto a los cambios técnicos, el proyecto propone reemplazar el término “padecimiento mental” por definiciones basadas en estándares internacionales, incorporando el concepto de trastornos mentales o del comportamiento para lograr mayor precisión diagnóstica.
También se redefine el criterio de riesgo, que pasará a centrarse en situaciones que impliquen peligro para la vida o la integridad física de la persona o de terceros, contemplando el contexto y los antecedentes para permitir intervenciones más oportunas.
Respecto a las internaciones, se mantiene su carácter excepcional, aunque se prevé que un médico psiquiatra pueda indicar internaciones involuntarias en casos de urgencia, las cuales deberán ser ratificadas por un equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas. Asimismo, el plazo de notificación judicial se ampliará de 10 a 24 horas.
Otro de los puntos contempla que, en internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta pero se considera afectada su capacidad, la internación podrá transformarse en involuntaria con intervención de la Justicia.
El proyecto también reconoce las dificultades para avanzar en el cierre total de hospitales psiquiátricos, como establece la ley vigente, debido a limitaciones de infraestructura, personal y condiciones de seguridad. Actualmente existen 30 instituciones públicas monovalentes y al menos 139 privadas en el país.
Frente a este escenario, se propone fortalecer una red integral de atención en salud mental, organizada según niveles de complejidad e integrada por hospitales especializados, servicios en hospitales generales, dispositivos ambulatorios y residencias asistidas.
Finalmente, la iniciativa busca mejorar los sistemas de información sanitaria, especialmente a través del fortalecimiento del RESAM y el REFES, herramientas clave para relevar la capacidad instalada, la disponibilidad de camas y la cantidad de pacientes, y así optimizar la planificación del sistema.
Además, se prevé ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas para reforzar la supervisión y el control del sistema a nivel nacional.
