Redacción El Día de Higueras
El juez Ariel Lijo ordenó el levantamiento del secreto bancario y fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. La decisión también incluye a su pareja, Bettina Angeletti, a la firma AS Innovación Profesional —propiedad de ambos— y a un grupo de acreedoras vinculadas a operaciones financieras bajo análisis.
La investigación apunta a esclarecer la adquisición de tres inmuebles: dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, ubicados en los barrios de Caballito y Parque Chacabuco, y una vivienda en el country Indio Cua Golf Club, en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz.
La resolución judicial busca acceder a información detallada sobre cuentas bancarias, plazos fijos, créditos, préstamos, consumos con tarjetas y posibles movimientos en billeteras virtuales. El objetivo es contrastar la evolución patrimonial del funcionario con los datos declarados ante los organismos de control y determinar si existen inconsistencias.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó nuevas medidas de prueba y solicitó la citación de cinco testigos clave. Entre ellos se encuentra Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que habría vendido uno de los departamentos investigados, cuya operatoria también está bajo la lupa judicial.
Según se desprende de la causa, una de las propiedades en Caballito habría sido adquirida mediante un esquema de pago que incluyó un anticipo de 30.000 dólares y un saldo de 200.000 financiado en un año y sin interés, modalidad que motivó parte de las sospechas.
También deberán declarar la martillera Natalia Rucci y su esposo Marcelo Trimarchi —responsables de la inmobiliaria interviniente—, el encargado del edificio donde se ubica el departamento y el vendedor de la vivienda en Exaltación de la Cruz.
Desde el inicio de la denuncia, en marzo, el presidente Javier Milei sostuvo públicamente su respaldo a Adorni, en medio de versiones sobre una posible salida del funcionario.
La investigación continúa en etapa de recolección de pruebas y análisis de documentación, con el foco puesto en determinar si el crecimiento patrimonial del jefe de Gabinete se corresponde con sus ingresos declarados.
