Lo afirmó en diálogo con Puntal el asesor jurídico del Gobierno de Las Higueras, Osvaldo Córdoba, quien se expresó sobre el conflicto de la apertura de la calle pública y la denuncia de la propietaria de la casa en cuestión, que por tratarse de una invasión del espacio público no se precisa una orden judicial para la demolición e iniciarán acciones por la interposición de la propietaria.
Las Higueras 10/04/2022
Redacción El Día de Higueras
Durante esta ultima semana se hizo público un conflicto entre el Gobierno de Las Higueras y la vecina Vanina Quevedo, propietaria de una quinta en el sector del predio Pablo Aimar quien acusa al municipio de querer demoler su casa sin orden judicial y sin diálogo para llegar a un acuerdo. El viernes, la mujer se interpuso por segunda vez a que las maquinarias inicien el trazado de la pública que da al portón de ingreso a su predio. Una calle que surge Juan XXIII por el costado del Predio de Estudiantes de Río Cuarto y en 100 metros choca la residencia de la denunciante. Ese mismo sector es el de los vecinos que vienen reclamando también desde hace años el control del transito cuando hay eventos deportivos y que desde el gobierno local intentaron solucionar transformando como única mano a la calle.
Osvaldo Córdoba, asesor letrado del municipio de Las Higueras, ratificó en dialogo con Puntal, la decisión de avanzar con las tareas de demolición para dar apertura a la calle pública pero dado en conflicto ocasionado por la vecina deberán iniciar acciones legales por considerar que su interposición impiden la concreción de una acción que beneficia a la comunidad.
“Nosotros vamos a avanzar en la decisión de abrir la calle y frente a la oposición que esta señora hace, vamos a tener que recurrir a hacerlo judicialmente. El lunes veremos si lo hacemos a través de una denuncia penal, por el impedimento que está ocasionando, o si lo hacemos a través de una acción civil reivindicatoria del espacio público”, explicó a Puntal el asesor jurídico de la Municipalidad de Las Higueras, Osvaldo Córdoba.
En relación a las manifestación de Quevedo que argumentó la necesidad de una orden judicial para llevar adelante el procedimiento enfatizó “No hay orden judicial porque es espacio público. Si los municipios tuviéramos que pedir órdenes judiciales para abrir las calles, sería imposible hacerlo. Es una decisión y una resolución administrativa” al mismo tiempo aseguró que ya se cumplieron las distintas instancias administrativas de notificación y avisos.
Ante la propuesta de la propietaria de la quinta que se mostró dispuesta a diálogo para llegar a un acuerdo para que desde el municipio se le ayude a levantar otra edificación similar dentro del mismo terreno, Córdoba consideró que “no corresponde” y agregó que la porción del edificio que se encuentra sobre la traza de la calle “era un quincho que la mujer ha ocupado y lo convirtió en una casa” y que como tiene otra edificación en el terreno no quedaría en situación de calle.
“Esto lleva un proceso administrativo donde se le ha ido notificando. Ella ha presentado recursos y esos recursos han estado mal fundados porque no tiene argumentos bajo ningún recurso, diciendo que está sobre una calle. No hay manera de defenderlo” y aseguró "vamos a iniciar una acción judicial y la vamos a hacer paciente de todos los daños", sentenció Córdoba.
Sobre la necesidad de apertura de esa vía que tiene como intersección la calle Sarmiento en un punto mas adelante a la propiedad en conflicto, Córdoba fundamentó que no solo hay vecinos que se ven impedidos de contar con ese acceso de circulación para llegar a sus domicilios sino que en el sector se planifica la ampliación de la red de gas natural y que se encuentra un tendido eléctrico de media tensión que se torna inaccesible.
Fuente: Puntal
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