Si bien el oficialismo entregó concesiones por pedido de la oposición dialoguista, muchas de las reformas estructurales se mantuvieron en pie y, tras su aprobación y promulgación, cambiarán las reglas en el mercado fiscal, económico y laboral.

Monotributo

El mayor cambio que transformará la vida cotidiana para los monotributistas es la eliminación de la prórroga correspondiente al monotributo social. La categoría que busca promover la la formalización de los sectores de menores ingresos a través del pago de un costo mínimo de $3.200 pasaría a pagar un total de $26.000.

Además, la aprobación del proyecto Bases traerá aparejado actualizaciones en los máximos de facturación que asciende a $68 millones anuales (actualmente el máximo son $16 millones anuales) y nuevas alícuotas que ascenderían de acuerdo a las categorías (la más alta será de $ 375 mil mensuales).

Impuesto a las Ganancias

Con la aprobación de la ley Bases 800.000 trabajadores pagarán nuevamente el impuesto a las Ganancias, ya que fue validada la restitución de la cuarta categoría.

La versión de Diputados, en este marco, propone elevar el mínimo no imponible a $1.800.000 brutos para los solteros y a $2.200.000 para los casados con hijos.

La actualización de este impuesto, según establecieron los legisladores, se realizará cada tres meses durante 2024 y de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde 2025.

Trabajo

En materia laboral, los trabajadores deberán poner el ojo en las nuevas reglas que regularán al mercado en materia de despidos, indemnizaciones y derecho a huelga, entro otras herramientas dispuestas por el empleado de una empresa.

En este capítulo, el impacto que generará la ley Bases se resume en 7 principales puntos:

Blanqueo Laboral: entre los artículos 76 y 81, bajo el título "Promoción del empleo registrado", se plantea una serie de beneficios para los empleadores en caso de regularizar a sus trabajadores.
Fondo de cese laboral: en el artículo 93 de de la reforma, se habilita que, a través de convenios colectivos de trabajo, se reemplacen las indemnizaciones por despido por la constitución de un fondo o sistema de cese laboral. Esto será "según disponga el Poder Ejecutivo” e indica que los empleadores podrán optar por contratar un servicio privado o autoasegurarse.
Ampliación del periodo de prueba: en los artículos 89 y 95 se propone extender a 6 meses el tiempo periodo de prueba que tienen los trabajadores en un nuevo puesto. Además, por convenio colectivo se puede ampliar hasta 8 meses en empresas de entre 6 y 100 trabajadores y hasta 1 año en empresas de menor tamaño. Durante ese tiempo, el trabajador puede ser despedido sin causa y sin indemnización.
Eliminación de Sanciones por no registro de empleados: se propone eliminar las indemnizaciones para los empleadores que no registran una relación laboral o lo hacen con un salario menor o fecha posterior a la real.
Tercerización laboral: se elimina la prohibición a los empleadores de contratar a través de empresas de servicios temporarios o agencias de colocación en el caso del trabajo agrario. En todos los casos, los empleados se considerarán parte de las empresas intermediarias y no para las que presten servicios.
Limitación del derecho a la acción colectiva: se incorporan como motivo de despido de los trabajadores las diferentes acciones que pueda llevar a cabo en medio de un conflicto colectivo en la empresa.
Funcionamiento de sindicatos: el artículo 84 excluye a las asociaciones sindicales como posibles denunciantes de la falta de registración de las relaciones laborales, dejando esto solo en manos del trabajador. De esta manera, podrá denunciar la falta de registración ante la autoridad de aplicación, que deberá establecer un medio electrónico ante AFIP.

Bienes Personales

El apartado que buscaba la reforma de Bienes Personales fue descartado en el Senado pero reincorporado en el debate de comisiones en la Cámara de Diputados.

Tras su aprobación, el nuevo piso pasará de $27 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar alcanzará los $350 millones.

Blanqueo de capitales

El paquete fiscal incluye, además, un apartado que busca el blanqueo de capitales para activos en la Argentina y el extranjero. El capítulo es denominada como Régimen de Regularización de Activos e incluye dinero, propiedades, acciones y criptoactivos.

El régimen está establecido para sujetos residentes y no residentes con un plazo hasta el 30 de abril del 2025, con la posibilidad de prórroga hasta el 31 de julio del 2025.

Según la normativa, los sujetos -que pueden ser sociedades- "quedan liberados de toda acción civil y por delitos tributarios, cambiarios, aduaneros e infracciones administrativas que pudieran corresponder por el incumplimiento de las obligaciones". No pueden participar funcionarios -ni sus familiares- del Poder Ejecutivo, Legislativo ni Judicial en órdenes nacionales, provinciales o municipales; tampoco personal diplomático, autoridades universitarias.

Industria del tabaco

La votación favorable del proyecto oficialista implica también sanciones para la industria del tabaco a través de una reforma impositiva con el objetivo de igualar los impuestos para todas las empresas del sector tabacalero.

Esta medida busca corregir desigualdades existentes y garantizar una competencia equitativa. El proyecto original, presentado en enero y posteriormente retirado en febrero, fue reincorporado y aprobado por el Senado tras la aprobación de la Ley Bases y previo al tratamiento del capítulo fiscal.

Fuente: Ambito