El Senado rechazó el veto presidencial a la Ley de Discapacidad
Con 63 votos a favor y 7 en contra, la Cámara Alta sostuvo la Ley de Emergencia en Discapacidad que el presidente Javier Milei había vetado en su totalidad. El oficialismo adelantó que judicializará la decisión del Congreso. Además, se aprobó una reforma a la Ley 26.122 sobre decretos de necesidad y urgencia.
El Senado de la Nación convirtió en un hecho histórico el rechazo al veto presidencial sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad, al alcanzar una amplia mayoría de 63 votos contra 7. La sesión fue presidida por Bartolomé Abdala, ya que Javier Milei se encuentra de viaje en Estados Unidos y la vicepresidenta Victoria Villarruel ocupa de manera interina el Ejecutivo.
El debate estuvo atravesado por fuertes gestos simbólicos: legisladores opositores exhibieron carteles escritos por personas con discapacidad, mientras que desde el oficialismo se intentó frenar la iniciativa. La cordobesa Carmen Álvarez Rivero acompañó al bloque libertario, mientras que Alejandra Vigo y Luis Juez votaron a favor de sostener la normativa.
La sanción de esta ley, ocurrida en julio, contempla la actualización de prestaciones, la compensación de deudas con prestadores y el ajuste de aranceles de acuerdo a la inflación. Milei la vetó en su totalidad, y el oficialismo ya adelantó que buscará judicializar la decisión del Congreso para evitar un mayor gasto presupuestario.
El rechazo a un veto presidencial no ocurría desde 2003, en tiempos de Eduardo Duhalde. La votación para habilitar el tratamiento sobre tablas también mostró el amplio consenso: 62 votos afirmativos, 8 negativos y ninguna abstención.
En paralelo, el debate se dio en medio del escándalo por denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras la difusión de audios sobre presuntos sobornos y recortes en pensiones, lo que derivó en investigaciones judiciales.
Horas más tarde, la Cámara Alta también aprobó por 56 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones, la reforma a la Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia. El proyecto propone que el rechazo en una sola cámara alcance para dejar sin efecto un DNU, establece plazos más estrictos para el Congreso y delimita los criterios de necesidad y urgencia.
El texto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados.
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