Efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos.
Nacionales20 de junio de 2023
Redacción El Día de Higueras
Una nueva y multitudinaria marcha que congregaba este martes a múltiples sectores de la sociedad en la capital jujeña fue reprimida cuando se dirigía a la Legislatura para protestar contra la reforma parcial de la Constitución provincial, mientras en su interior se aprobaba y juraba la nueva carta magna local.
El avance policial se registró poco después de las 11 a unos 200 metros del parlamento provincial donde el gobernador y precandidato presidencial del radicalismo Gerardo Morales encabezaba la sesión y se disponían a jurar la reforma de la carta magna.
Efectivos de infantería de la policía jujeña se enfrentaron con los manifestantes, arrojando balas de goma y gases lacrimógenos, en un clima de tensión en las calles de la capital jujeña.
En tanto, algunos manifestantes ingresaron al edificio de la Legislatura y prendieron fuego algunas de sus instalaciones.
Mientras tanto, en el interior del edificio, los convencionales constituyentes votaron y juraron el nuevo texto.
La Policía local no pudo contener a los manifestantes, algunos de los cuales ingresaron a las oficinas de la parte posterior de la Legislatura provincial luego de avanzar contra las vallas de contención emplazadas en calles cercanas del recinto.
En ese mismo momento, los convencionales oficialistas junto a los del Frente Justicialistas a puertas cerradas dieron por aprobada y jurada la reforma parcial de la Constitución, la cual quedará en vigencia tras su publicación.
"Habiendo jurado la nueva Constitución de la provincia de Jujuy, los señores y señoras convencionales y presidentes de los tres poderes del Estado y habiendo sido aprobada la nueva Constitución de la provincia, la misma entra en vigencia partir de su publicación. Con esto damos por finalizada la tarea de la convención constituyente, damos por aprobada y jurada la nueva Constitución de Jujuy", expresó Morales.
En la sesión ordinaria, los convencionales constituyentes que responden a Morales aprobaron la marcha atrás en dos artículos vinculados a los pueblos originarios, como había prometido el gobernador, pero se mantuvo la prohibición de cortes de calles y rutas.
Los incidentes sucedían mientras docentes, pueblos indígenas, trabajadores estatales, organizaciones sociales y sindicales avanzaban por las calles de San Salvador de Jujuy con un “banderazo”, portando banderas argentinas.
Las protestas en la provincia se replican con cortes de ruta en las localidades de La Quiaca, Abra Pampa, Humahuaca, Tilcara, Libertador San Martín, Suques, Caimancito, San Pedro, Fraile Pintado, y Purmarmarca, donde el pasado sábado se registró represión contra comuneros indígenas.
Las organizaciones sociales repudiaron los dichos del mandatario provincial, quien expresó que el reclamo en la provincia de Jujuy forma parte de una “maniobra política partidaria”, al apuntar nuevamente contra la dirigente social Milagro Sala y otros sectores.
“El reclamo es profundamente político, sí. El pueblo jujeño ha manifestado en las últimas semanas su cuestionamiento a una política de empobrecimiento y precarización laboral, pero no somos títeres”, dijo en una conferencia de prensa del colectivo Intergremial, Mercedes Sosa, Secretaria General del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems).
A su turno, Susana Ustarez, referente del Asociación Provincial de los Organismos de Control (Apoc), sostuvo que la Constitución que se pretende jurar, “no reúne la legalidad y legitimidad que debe tener un cuerpo normativo de esta entidad”.
“A pesar de los retrocesos que hizo el gobernador Morales resultan insuficientes porque lo que queremos es la caída integral de la reforma constitucional porque sostiene graves declaraciones contra la protesta social”, completó en relación a la prohibición de cortes de rutas, calles y la toma de edificios públicos.
Fuente: Télam
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El plan busca incentivar el consumo y la circulación de dinero no bancarizado mediante la eliminación de controles fiscales sobre gastos personales, la suba de umbrales de fiscalización y un nuevo régimen de Ganancias centrado en la facturación. Se dejarán de reportar operaciones como compras con tarjeta, ventas de autos e inmuebles y consumos de servicios públicos. Además, se enviará una ley al Congreso para blindar la confidencialidad de los fondos incluidos en este esquema.
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