El Gobierno modificó por decreto la ley de migraciones
El Gobierno nacional oficializó este jueves, mediante la publicación en el Boletín Oficial, la modificación de la ley 25.871 que regula la política migratoria del país. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 366/2025, se introdujeron cambios significativos en el régimen migratorio, entre los que se destacan el endurecimiento del acceso a la ciudadanía y la residencia, y la posibilidad de arancelar servicios de salud y educación para extranjeros que no cuenten con residencia permanente.
Con el DNU 366/2025, el Ejecutivo introdujo cambios profundos en la ley 25.871: se endurece el acceso a la ciudadanía y a la residencia, se habilita el arancelamiento del sistema de salud para extranjeros sin residencia permanente y se faculta a las universidades a cobrar por la educación superior.
Entre los puntos centrales del decreto, se establece que el Estado asegurará el acceso igualitario a servicios como salud, educación y justicia según la categoría migratoria de cada persona. A pesar de que se garantiza la atención en casos de emergencia y el acceso a la educación primaria y secundaria sin discriminación por situación migratoria, el texto habilita a los establecimientos de salud del Estado nacional a exigir la presentación de un seguro médico o el pago previo para recibir atención, salvo en situaciones de urgencia o para residentes permanentes.
En cuanto a la educación superior, las universidades estatales deberán mantener la gratuidad únicamente para ciudadanos argentinos y extranjeros con residencia permanente. Sin embargo, el decreto permite que estas instituciones cobren aranceles a quienes no cumplan con esas condiciones, salvo que accedan a becas por convenios u otras disposiciones.
Respecto a las condiciones de ingreso y permanencia en el país, el DNU define nuevas exigencias para quienes deseen obtener la residencia permanente, como acreditar medios económicos suficientes y carecer de antecedentes penales. Además, se aclara que la residencia precaria no será válida para obtener ciudadanía ni para justificar arraigo.
El decreto también incorpora precisiones sobre la reunificación familiar, detallando quiénes pueden acceder a este beneficio y bajo qué condiciones.
Estos cambios generaron repercusiones en distintos sectores sociales y políticos, que advierten sobre un posible retroceso en materia de derechos humanos y acceso igualitario a servicios básicos. Desde el Gobierno, en tanto, sostienen que el nuevo marco legal apunta a ordenar y modernizar el sistema migratorio argentino.
Fuente NA
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