La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estableció que los CUD “se otorgarán sin sujeción a plazo temporal alguno, manteniendo plena vigencia y validez mientras que los criterios certificantes se mantengan”, tanto en su versión física como digital.

Así, el Estado tomará contacto con las personas con discapacidad para “acompañarlas y mantener sus datos actualizados”. Es una “cuestión clave para asegurar el acceso a derechos, prestaciones y servicios derivados de la certificación, como así también para mantener los registros actualizados que sirven para diseñar y ejecutar eficientemente políticas públicas para las personas con discapacidad”, justificó el organismo.

“Las instancias de acompañamiento y actualización se efectivizarán con una periodicidad entre los 5 y 15 años, en todos los casos, contados desde la certificación inicial o de la instancia de actualización correspondiente, mediante un contacto y acercamiento fehaciente por parte del Estado, a través de los canales y vías de comunicación existentes y de los que se implementen en el marco de la innovación tecnológica planificada a tal efecto”, se explicó.

La medida forma parte del plan que lanzó la ANDIS para “desburocratizar” los trámites a través del desarrollo e implementación de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad al CUD y a los trámites derivados del mismo.

Mediante un comunicado, el organismo señaló que con la resolución publicada este lunes en el Boletín Oficial, se ratifica “la implementación progresiva, gradual y en etapas, de una nueva dinámica de vinculación de las personas con discapacidad con los procesos de certificación, tanto para quienes ya poseen el CUD, como para aquellas que tramiten la obtención del mismo por primera vez”.

La implementación de estas mejoras, inscriptas en el Plan de Promoción, Mejoramiento y Fortalecimiento de la Certificación de la Discapacidad, requerirá la adopción de diversas medidas administrativas, normativas y tecnológicas que se irán formalizando paulatinamente, salvaguardando, en todo momento, la continuidad ininterrumpida del acceso a derechos, prestaciones y servicios por parte de las personas con discapacidad.