El CPI (Colegio Profesional de Inmobiliarios de Córdoba) publicó en sus redes sociales que no están de acuerdo con la posible prórroga del DNU que congela el valor de los alquileres; además indicó que en Córdoba "en promedio el 84% de los inquilinos abonan en término el alquiler"  y solicitaron "ser escuchados por el Gobierno nacional". Esto surge a partir de que las asociaciones de inquilinos pidieran que se extendiera la vigencia del decreto al ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

Recordemos que en contexto de pandemia se estableció el Decreto 320/2020 con el fin de garantizar el derecho a la vivienda y proteger al sector vulnerable como los inquilinos.  En este contexto se amparó:

• Suspensión de desalojos.
• Prórroga de Contratos.
• Congelamiento de precios de alquileres.
• Subsistencia de Fianza.
• Deudas por diferencias de precios .
• Deudas por falta de pago.
• Mediación obligatoria.

"No soluciona la situación de fondo, al contrario, profundiza la crisis del sector y perjudica a muchos propietarios que viven de sus inmuebles como ingreso principal y a los Profesionales Inmobiliarios" enfatizaron desde el organismo que nuclea a los corredores inmobiliarios de la provincia. 

Los referentes locales del rubro coincidieron en la postura de la entidad.

Soledad Curletto de Opracur afirmó que "en nuestra inmobiliaria logramos realizar la totalidad de las cobranzas" y se sumó a la expresión sobre lo provisorio de la medida "es otro parche que no ayuda a ninguna de las partes".

Por su parte Ana Rebeca Arcángel se explayó sobre una solución equilibrada, "debemos apelar al buen sentido común, buscar un medio, porque, muchos propietarios son pequeños inversores, dependen de estas rentas como un complemento necesario, que ayuda a sus ingresos. Se están viendo afectados con esta situación al no poder gozar plenamente de sus derechos, impidiendo con estas medidas disponer de su propio bien". También destacó que en su caso particular el  95% de los inquilinos abona en término.

Por último, Alberto Mármara se mostró muy de acuerdo con la solicitud del CPI y destacó que su nivel de cobranza es superior al  que plantea el organismo pero fue más crudo con la realidad sobre la extensión: "no beneficia a nadie y ahonda más la problemática;  cuando se deje sin efecto va a ser un verdadero caos".