Redacción El Día de Higueras
Desde el próximo mes, todos los comercios en Argentina deberán incluir en sus tickets el detalle del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y otros tributos nacionales, una normativa que ya estaba en vigencia para grandes establecimientos desde enero. Con esta nueva etapa, la obligación se amplía a pequeños y medianos comercios, garantizando que los consumidores puedan visualizar de manera transparente cuánto del precio final de un producto corresponde a impuestos.
La medida se enmarca dentro de la Ley Bases aprobada el año pasado y fue impulsada por la ONG Lógica con el objetivo de fomentar la transparencia fiscal. Según José Viale, presidente de la Cámara de Comercio de Córdoba, esta iniciativa representa un avance significativo para el sector, ya que "siempre se buscó que en las facturas se separen los impuestos del costo real de los productos, permitiendo conocer con mayor precisión la estructura de precios".
Si bien esta normativa es de alcance nacional, aún resta definir si las provincias y municipios adoptarán una postura similar para detallar tributos locales como Ingresos Brutos y tasas municipales. Hasta el momento, solo cinco provincias -Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones- han manifestado su intención de adherirse, aunque sin establecer fechas concretas, mientras que otras jurisdicciones, como Córdoba, no han brindado respuesta oficial al respecto.
El modelo toma como referencia experiencias internacionales, como el sistema brasileño, donde los consumidores pueden ver claramente qué porcentaje del precio corresponde a impuestos. La implementación de esta política en Argentina busca generar mayor conciencia sobre la carga tributaria y fomentar el debate sobre el destino de los fondos recaudados por el Estado.
Si bien la adhesión provincial no es obligatoria, la iniciativa promete seguir generando discusiones sobre transparencia y el impacto de los impuestos en la economía. Para los consumidores, representa un paso adelante en la claridad de la información sobre precios, mientras que para los gobiernos locales podría implicar un desafío al exponer con mayor precisión el peso de la carga impositiva en los costos finales de los productos y servicios.
