Tras más de tres décadas, el Ejecutivo derogó el decreto que regulaba las cuotas y matrículas de los colegios sin aporte estatal. Desde ahora, cada institución podrá definir sus valores de manera autónoma, sin autorización previa del Estado.
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Redacción El Día de Higueras
El Gobierno nacional derogó el Decreto 2417/1993, poniendo fin a más de treinta años de control estatal sobre los aranceles de las escuelas privadas sin aportes estatales.
Con esta medida, los establecimientos podrán fijar y modificar sus cuotas y matrículas según sus propios costos, sin necesidad de autorización ni comunicación previa al Estado.
La decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, busca “modernizar el marco regulatorio” y dar mayor previsibilidad a las familias. Según el texto oficial, el esquema anterior obligaba a los colegios a informar los valores de matrícula y cuotas del año siguiente antes de noviembre, lo que generaba aumentos preventivos por encima de la inflación.
Durante 2024, mientras la inflación general fue del 117,8%, las cuotas escolares aumentaron un 169%. El Gobierno interpretó que esta diferencia se debió a un sistema que, al impedir ajustes graduales, llevó a las instituciones a aplicar incrementos anticipados. Con la derogación, se permitirá realizar correcciones más frecuentes y ajustadas a los costos reales, lo que —según el Ejecutivo— podría estabilizar el gasto educativo de las familias.
El nuevo esquema alcanza a los colegios privados sin aportes estatales, que representan cerca del 6% del total de establecimientos del país (unas 2.000 instituciones). Estas ya no estarán obligadas a presentar proyecciones anuales de aumentos ni a informar los valores antes de iniciar el ciclo lectivo.
Desde el Gobierno, señalaron que la actualización de las normas alinea las reglas del nivel primario y secundario con las del régimen federal vigente para universidades e institutos, donde las instituciones ya definen sus aranceles sin control previo.
A partir de ahora, los colegios podrán modificar sus cuotas durante el año, siempre que los ajustes respondan a variaciones en sus costos de funcionamiento, salarios docentes o servicios. La autoridad estatal no fijará topes ni plazos, aunque las instituciones deberán informar los nuevos valores a los organismos educativos una vez definidos.
El cambio, según se destacó oficialmente, “favorece un entorno más propicio para la gestión de los establecimientos educativos de gestión privada, garantizando la sostenibilidad de su labor y el derecho a una educación de calidad”.
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