Redacción El Día de Higueras
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se pronunció este miércoles tras la apertura de la paritaria universitaria por parte del Gobierno nacional, una instancia que no se concretaba desde hacía dos años y que derivó en un acuerdo de actualización salarial y presupuestaria para el sistema universitario público.
Con la participación de representantes del CIN y de todas las entidades gremiales legalmente reconocidas, se ratificó una recomposición salarial del 24,33% para docentes y nodocentes universitarios. El incremento se aplicará en dos tramos: un 21,33% en junio sobre los salarios vigentes a mayo de 2026 y un 3% adicional en octubre sobre los haberes de septiembre.
Además, las partes acordaron retomar las reuniones paritarias el próximo 15 de septiembre y continuar los encuentros cada tres meses como máximo. Según lo establecido, las futuras negociaciones contemplarán la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y la continuidad de la recomposición salarial pendiente por el desfasaje acumulado desde 2024.
En paralelo, el Gobierno nacional dispuso un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades, una suba del 50% en las becas Manuel Belgrano y una partida adicional destinada a los hospitales universitarios.
Desde el CIN destacaron que estas medidas representan un paso relevante para el sector, aunque aclararon que no son suficientes para resolver la situación estructural que atraviesan las instituciones de educación superior.
"La reapertura de la paritaria y una actualización salarial no alcanzada hasta el momento por ningún sector son una conquista consecuencia del compromiso y la lucha de la comunidad universitaria", señalaron desde el organismo.
Sin embargo, las autoridades universitarias remarcaron que el acuerdo no resuelve los problemas de financiamiento de fondo y reiteraron su reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario.
En ese sentido, el CIN ratificó que continuará impulsando las acciones institucionales y judiciales iniciadas para exigir el cumplimiento total de la normativa, al considerar que constituye la respuesta estructural necesaria para garantizar el funcionamiento, el desarrollo y la calidad del sistema universitario público argentino.
"Seguimos siendo consecuentes con nuestra posición: la respuesta estructural está en la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario", expresaron, al tiempo que reafirmaron su compromiso en defensa de las universidades públicas, sus trabajadores, sus estudiantes y de toda la sociedad argentina.
