Redacción El Día de Higueras
En una decisión que marca un giro drástico en la estructura estatal vinculada a la obra pública, el presidente Javier Milei resolvió la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Así lo confirmó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante una conferencia de prensa desde Casa Rosada.
“Con esto, la corrupción en la obra pública tiene su acta de defunción”, expresó Adorni, quien informó que el decreto será publicado oficialmente este martes. Según lo anunciado, las funciones de Vialidad serán absorbidas por el Ministerio de Economía y una nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La noticia generó un fuerte repudio por parte del Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA). Su secretaria general, Graciela Aleñá, calificó la medida como “una decisión profundamente ideológica”, y denunció que responde a un plan de vaciamiento del Estado y de avance hacia la privatización de funciones estratégicas.
Desde el gremio advirtieron que el cierre de la DNV deja sin mantenimiento a más de 40 mil kilómetros de rutas nacionales y pone en riesgo directo a miles de usuarios viales. “Con esta decisión se multiplicarán las rutas de la muerte”, alertó Aleñá. Además, denunció que más de 5.500 trabajadores quedarán desempleados y que los bienes del organismo, como maquinarias y edificios valuados en millones, serán liquidados a través de la Agencia de Bienes del Estado.
“La DNV no solo hace desmalezado. Realiza bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento invernal y control de peso. Sin presupuesto, es imposible que funcione, pero eso fue una decisión política para justificar su cierre”, señaló.
Aleñá también cuestionó el traspaso de funciones al Ministerio de Economía, lo que —según dijo— “aleja las decisiones de los territorios, debilita el perfil técnico de la planificación vial y erosiona el carácter federal que la DNV supo mantener”.
Desde el gremio aseguran que la medida no es una reorganización, sino una desarticulación del aparato estatal de infraestructura vial, con una transferencia hacia un modelo de gestión que favorece la tercerización, el lucro y la concentración de decisiones.
“El resultado será más rutas deterioradas, más riesgos, menos presencia estatal en el interior del país y un retroceso en la capacidad del Estado para controlar, auditar y garantizar obras públicas seguras y transparentes”, concluyó la dirigente.
En paralelo, el sindicato hizo un llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a frenar el avance del decreto por su impacto en la seguridad vial, el empleo público y la soberanía sobre el sistema de transporte.
Con info de NA
