El Gobierno provincial anunció una disminución impositiva total de $900.000 millones, equivalente a USD 600 millones, que beneficiará a familias, pequeños comerciantes, productores e inversores. El proyecto ya fue ingresado a la Legislatura y contempla rebajas y exenciones en Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano y Rural.
ProvincialesHace 2 horas
Redacción El Día de Higueras
El Gobierno de Córdoba presentó oficialmente el Plan de Reducción de Impuestos 2026, una estrategia fiscal integral que apunta a dinamizar la economía provincial mediante una baja histórica de la presión tributaria.
En total, el recorte alcanzará los $900.000 millones, equivalentes a unos USD 600 millones, recursos que permanecerán en manos de los cordobeses y del sector productivo.
La iniciativa fue expuesta en la Legislatura Provincial por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, quien detalló los lineamientos del proyecto de Presupuesto 2026 y el alcance de las modificaciones impositivas que requieren doble lectura para su aprobación.
Ingresos Brutos: alivio para pequeños comerciantes y estímulo a la inversión
Uno de los ejes centrales del plan es la reducción del Impuesto a los Ingresos Brutos, que incluye medidas orientadas a impulsar el comercio y promover nuevas inversiones:
Baja del 30% en la alícuota para pequeños comerciantes, que pasa de 3,5% a 2,5%, beneficiando al 64% del comercio provincial que factura hasta $88,1 millones anuales.
Alícuota 0 para empresas con facturación menor a $3.200 millones que inviertan al menos el 1,2% de sus ingresos, dentro de la nueva Ley de Promoción Industrial.
Exenciones de hasta el 100% para proyectos establecidos en el Noroeste y Sur-Sur, en el marco de la Ley de Igualdad Territorial.
Continuidad de la Alícuota 0 para inversiones en educación y lanzamiento de un nuevo esquema de Alícuota 0 para el sistema de salud.
A estos beneficios se suman la alícuota cero para actividad agrícola, industria promovida, créditos hipotecarios y exenciones para Economía del Conocimiento y el Fondo Emprendedor.
En total, estas medidas significan que la Provincia dejará de recaudar $450.000 millones, recursos que irán directamente al circuito productivo.
Inmobiliario Urbano: sin aumentos reales y con fuertes reducciones
El proyecto establece que ningún contribuyente tendrá aumentos reales en el Impuesto Inmobiliario Urbano. La actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada, y en la mayoría de los casos habrá reducciones:
41% de los contribuyentes (500 mil personas) tendrá reducciones nominales de hasta el 25% respecto de 2025.
11% pagará lo mismo que este año, lo que implica una reducción del 29% en términos reales.
21% tendrá una actualización del 29%, sin aumentos reales.
El 27% restante tendrá incrementos menores al 29%, por lo que también pagará menos en términos reales.
Además, 175.000 personas e instituciones accederán a una exención total del 100% del impuesto. Se mantienen también los beneficios por contribuyente cumplidor (30%) y pago de contado (10%).
El impacto fiscal será de $200.000 millones menos de recaudación, que quedarán en manos de familias y comercios.
Inmobiliario Rural: acuerdo con el sector y beneficios crecientes
El Impuesto Inmobiliario Rural se ajustará según el índice de inflación rural, un mecanismo consensuado con entidades agropecuarias. El 98% de lo recaudado seguirá destinado al Fondo de Desarrollo Agropecuario.
Entre los beneficios anunciados:
Nuevo descuento del 5% para propietarios productores.
Descuento del 30% por contribuyente cumplidor.
Bonificaciones por Buenas Prácticas Agropecuarias.
Beneficio por tope del 29%.
Alícuota 0 a la mera compra, vigente desde 2023.
Exenciones para entidades sin fines de lucro y para predios con bosques nativos, zonas protegidas o áreas en desastre agropecuario.
El paquete implica una reducción fiscal de $250.000 millones, que también quedarán en el sector productivo.
Con estas medidas, el Gobierno provincial asegura que el Plan Córdoba 2026 constituye la mayor reducción impositiva de los últimos años, orientada a promover consumo, inversión y competitividad.
En números, el impacto final representa:
$900.000 millones que permanecerán en los bolsillos de familias, comercios, empresas y productores.
Un impulso directo al consumo, la actividad económica y la creación de empleo.
El proyecto continuará su tratamiento legislativo en las próximas semanas, en un debate que será clave para el mapa económico provincial del próximo año.
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