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Córdoba podrá gestionar rutas nacionales y aplicar peajes para su mantenimiento

La provincia fue incluida entre las nueve jurisdicciones habilitadas por el Gobierno nacional para administrar, reparar y concesionar tramos viales. La medida apunta a descentralizar la gestión sin transferir la propiedad de las rutas.
Nacionales17 de abril de 2026Redacción El Día de HiguerasRedacción El Día de Higueras
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El Gobierno nacional dispuso que Córdoba podrá asumir la gestión y el mantenimiento de tramos de rutas nacionales que atraviesan su territorio, a través de un esquema que habilita la concesión de obra pública con cobro de peajes.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 253/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial de la República Argentina, y tiene como objetivo descentralizar las funciones operativas para que los gobiernos provinciales puedan intervenir de manera directa en la infraestructura vial.

Además de Córdoba, las provincias alcanzadas por esta disposición son Corrientes, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz. Todas ellas estarán facultadas para otorgar concesiones a empresas privadas, mixtas o entes públicos para llevar adelante tareas de administración, reparación y conservación de las rutas.

Desde el Ejecutivo nacional aclararon que esta delegación es de carácter “funcional, limitado, temporal y revocable”, y remarcaron que el Estado nacional conservará en todo momento la titularidad de las rutas y la jurisdicción federal sobre los tramos involucrados.

En ese marco, se estableció que los contratos de gestión no podrán superar los 30 años desde su aprobación. Asimismo, cada provincia deberá firmar convenios específicos con la Dirección Nacional de Vialidad, en los que se definirán los tramos a intervenir y los planes de obra correspondientes.

El decreto también exige que los procesos de concesión respeten criterios de transparencia, publicidad, concurrencia, razonabilidad tarifaria y equilibrio económico-financiero.

Por otra parte, el Ministerio de Economía actuará como autoridad de aplicación, mientras que la Dirección Nacional de Vialidad tendrá a su cargo la supervisión del cumplimiento de los contratos.

Finalmente, la normativa establece que, si una provincia no convoca a licitación dentro del plazo de un año desde la firma del convenio, la delegación sobre el tramo vial correspondiente quedará sin efecto.

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