El dinero provendrá de diferentes fuentes, como donaciones y lo recaudado por distintas multas, y será utilizado para financiar proyectos destinados a garantizar los derechos de este sector de la sociedad

La medida, firmada por el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, establece que el dinero para esos proyectos provendrá de lo recaudados por aplicación de las leyes 25.730 y 24.452, relacionadas a multas por cheques rechazados, y con el aporte de organismos internacionales, tanto públicos como privados.

También recibirá ayuda mediante legados y/o donaciones de personas y/o instituciones privadas nacionales o extranjeras, y asignaciones de recursos no utilizados, o de planes que hubieran caducado, o que hubieran sido cancelados, o generadas por devoluciones como consecuencia de adjudicaciones en exceso por cualquier causa.

Todos esos recursos “serán depositados en una cuenta bancaria a nombre de la Agencia nacional de Discapacidad, organismo descentralizado actuante en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación” y van a ser utilizados para iniciativas que se enmarquen dentro de las siguientes áreas:

a) Programas que favorezcan la inclusión y participación de las personas con discapacidad en todas las actividades de la vida comunitaria.

b) Programas destinados a favorecer la autonomía de las personas con discapacidad.

c) Programas de accesibilidad al medio físico y comunicacional.

d) Programas de incentivo a la investigación y desarrollo sobre la temática de la discapacidad.

e) Programas de apoyo a centros y servicios de rehabilitación.

f) Programas de atención a la situación de emergencia crítica de las personas con discapacidad.

g) Programas de promoción del asociacionismo de personas con discapacidad y la participación política.

H) Programas destinados a la detección temprana, atención integral, habilitación y rehabilitación de las personas con discapacidad.

i) Programas destinados a la inclusión educativa y laboral de las personas con discapacidad.

Por otra parte, las autoridades nacionales pusieron en funcionamiento una Unidad Ejecutora encargada de llevar adelante todos estos planes, asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados, brindar asistencia técnica, gestionar administrativa y operativamente el dinero y asistir con la realización de otras políticas a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Asimismo, mediante este Decreto se creó el Consejo de Articulación de Programas para Personas con Discapacidad, para el diseño y la aprobación de las futuras iniciativas financiadas con el mencionado fondo, como así también la determinación de los criterios, requisitos y condiciones para su acceso.

Por su parte, el Banco Central de la República Argentina comunicará mensualmente el resumen de los totales recaudados en ese plazo por aplicación de lo dispuesto por la Ley Nº 25.730, por cada entidad financiera, con su respectivo detalle en soporte informático, y podrá “proceder al cierre de cuentas por la falta de pago de las multas establecidas” en esa norma.

Entre los considerandos del Decreto publicado este lunes, el Gobierno señaló que esta herramienta viene a reemplazar al antiguo Fondo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, el cual se estableció en 2003 con objetivos similares, pero que dependía de una Comisión que ya no existe.

Ante esta situación, el Poder Ejecutivo sostuvo que era “necesario adecuar la integración y atribuciones” de ese extinto organismo a la actual Agencia Nacional de Discapacidad, y consolidar un nuevo mecanismo para avanzar con medidas que favorezcan el “acceso a los derechos” por parte de este grupo social.

Infobae