Redacción El Día de Higueras
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, promulgó oficialmente la Ley de Ficha Limpia, una normativa que prohíbe a personas con condenas judiciales en segunda instancia ser candidatos a cargos públicos o asumir funciones en el Ejecutivo. La ley fue sancionada con un amplio respaldo del oficialismo y la oposición en la sesión de la Legislatura Provincial realizada el pasado 27 de diciembre.
La normativa, aprobada por 65 legisladores de distintos bloques políticos, establece que no podrán acceder a cargos públicos quienes hayan sido condenados a penas privativas de la libertad de ejecución efectiva o a penas de inhabilitación por delitos dolosos. Esto incluye tanto cargos electivos provinciales, municipales y comunales como puestos partidarios.
El texto de la ley, firmado por el mandatario provincial, especifica que las restricciones se aplican a delitos previstos en el Código Penal de la Nación o en leyes especiales, siempre que la condena haya sido dictada por tribunales provinciales, nacionales, federales o de otras jurisdicciones.
Consenso multipartidario y origen del proyecto
La sanción de la Ley de Ficha Limpia fue el resultado de un extenso debate y la búsqueda de consensos en la Legislatura cordobesa. El proyecto final integra propuestas presentadas por legisladoras de diversos bloques: Brenda Austin (UCR) y Julieta Rinaldi, Victoria Busso, María del Rosario Acevedo e Ileana Quaglino (Hacemos Unidos Por Córdoba). Estas iniciativas modificaron artículos clave de las leyes provinciales N.º 9.571 (Código Electoral Provincial) y N.º 9.572 (Régimen Jurídico de Partidos Políticos).
Un paso hacia la ética y la transparencia
La promulgación de la Ley de Ficha Limpia reafirma el compromiso de la provincia de Córdoba con la transparencia y la ética en la gestión pública. Según el gobernador Llaryora, esta medida representa un avance importante para fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones y asegurar que quienes aspiren a cargos públicos cumplan con estándares éticos irreprochables.
Con esta normativa, Córdoba se suma al grupo de provincias que han adoptado medidas similares, promoviendo un modelo de gestión basado en la integridad y el respeto a la justicia.
