Gobernadores vs. Nación: el trasfondo fiscal de un conflicto que escala
El enfrentamiento entre la Nación y los gobernadores ya no se limita a gestos políticos o ausencias en actos institucionales. La raíz del conflicto es claramente económica: los ingresos que reciben las provincias desde el Gobierno central, vía coparticipación y otros giros, han sufrido una caída histórica en términos reales.
En lo que va de 2025, las transferencias automáticas de fondos nacionales a las provincias registran una baja del 4,2% respecto al año anterior, y del 12% en comparación con 2023, según estimaciones de la Comisión Federal de Impuestos. Esto representa una pérdida equivalente a $7,4 billones a precios constantes, una cifra que impacta de lleno en la capacidad de gestión de muchas jurisdicciones, especialmente las más dependientes de estos recursos.
El malestar de los gobernadores se expresó con fuerza este 9 de julio, cuando la mayoría decidió no asistir a la vigilia por el Día de la Independencia convocada por Javier Milei en Tucumán. El evento finalmente fue suspendido con el argumento del mal clima, aunque la falta de apoyo político había dejado el acto prácticamente desierto.
El presidente, lejos de buscar un acercamiento, endureció su posición. En declaraciones a El Observador, afirmó que los gobernadores “quieren destruir al Gobierno nacional” y desestimó cualquier lectura política sobre el desplante. "Es un año electoral, cada uno juega su propio partido", sostuvo, dejando en claro que no tiene intenciones de modificar el rumbo económico.
El reclamo de los gobernadores va más allá de la coparticipación: exigen regular la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), para eliminar la discrecionalidad del Ejecutivo, y coparticipar el impuesto a los combustibles. A esto se suman las consecuencias prácticas del ajuste fiscal, como el cierre de Vialidad Nacional, que derivó en nuevas críticas por el estado de las rutas, y los problemas en áreas sensibles como salud y educación.
Las provincias también han empezado a apoyar en el Congreso proyectos opositores que buscan aumentar el financiamiento de universidades, prestaciones por discapacidad o el Hospital Garrahan, temas que el Gobierno ha dicho que vetará para preservar el equilibrio fiscal.
Mientras el presidente confía en su capital político de cara a las elecciones de octubre, los gobernadores presionan para recuperar recursos y sostener servicios básicos en sus territorios. El conflicto, lejos de atenuarse, promete nuevos capítulos en la disputa por el poder y el presupuesto.
Con información de El Diario Ar - NA