"La igualdad real de derechos y oportunidades, la no discriminación, el trabajo digno y productivo, la educación, la seguridad social, el respeto por la dignidad, la privacidad, intimidad, la identidad de género y libertad de pensamiento deben asegurarse para garantizar políticas de inclusión en el mundo del trabajo", indicó la decisión administrativa 1012 que establece el “Protocolo Marco para el Abordaje de las Violencias por Motivos de Género en el Sector Público Nacional”.

En los considerandos, agregó que para "dar respuesta a esta realidad y en pos de la construcción de una sociedad más igualitaria, se torna necesario adoptar medidas para el abordaje de las violencias por motivos de género en las jurisdicciones y entidades que conforman la Administración Pública Nacional".

De acuerdo a lo informado, el protocolo fue elaborado por la Comisión de Igualdad de Oportunidades y de Trato y la cartera a cargo de Gómez Alcorta, y considera "hechos de violencia y acoso por motivos de género en el ámbito laboral toda conducta, acción u omisión, que, de manera directa o indirecta, por cualquier medio, tanto en el ámbito público como en el privado –dentro de las relaciones laborales-, basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así, la seguridad personal y/o carrera laboral de mujeres y LGTBI+".

"Quedan incluidas, los tipos y modalidades de violencia de género, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 26.485 (de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, promulgada en abril de 2009" y con los alcances de la Ley N° 26.743 (de identidad de género)", concluyó el texto.